El Observatorio de Volencia contra las Mujeres advierte retrocesos en las áreas municipales de género
La capacidad de los municipios salteños para acompañar a mujeres en situación de violencia quedó en el centro de una reunión entre el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado provincial.
Durante la presentación del informe de gestión 2023-2025, la directora representante de la Cámara en el organismo, Natalia Fuentes, advirtió sobre una reducción de las áreas municipales específicas y planteó la necesidad de sostener políticas públicas y respuestas legislativas basadas en las realidades de cada territorio.
Según informó Fuentes, la proporción de comunas con áreas de Mujer, Género y Diversidad pasó del 70 por ciento en años anteriores a alrededor del 50 por ciento. El relevamiento presentado registra 29 municipios con área propia, siete que no cuentan con ella y otros 24 que todavía no remitieron información, una falta de respuestas que también deja incompleto el diagnóstico sobre los recursos institucionales disponibles en la provincia.
La funcionaria señaló que, en distintos municipios, la temática queda a cargo de referentes dentro de las áreas de Desarrollo Social, que necesitan fortalecimiento para brindar una asistencia básica. El planteo pone en discusión las condiciones concretas de la atención: contar con personal capacitado, circuitos de intervención y articulación institucional resulta central para que las respuestas frente a las violencias puedan sostenerse.
La continuidad de las políticas, una condición para proteger derechos
Fuentes remarcó que los abordajes para erradicar las violencias deben mantenerse en el tiempo y propuso consolidar una articulación permanente entre el Observatorio y el Poder Legislativo. En ese vínculo, explicó, el organismo puede aportar diagnósticos situacionales, esquemas de respuesta territorial y capacitación continua en el marco de la Ley Micaela, con el propósito de que la producción normativa responda a las necesidades identificadas en los departamentos.
Durante la exposición repasó el trabajo técnico del OVcM en iniciativas vinculadas con la protección frente a la violencia familiar y de género, la adhesión a la Ley Olimpia, el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, las regulaciones sobre guardias durante la lactancia y el régimen de deudores alimentarios. También mencionó el abordaje de obstructores de vínculos familiares, las consejerías integrales y la Ley 8534 de prevención y visibilización de crímenes de odio, cuya reglamentación se encuentra en proceso.
La agenda expuesta abarcó así distintas dimensiones de las desigualdades y las violencias, desde los ámbitos familiares y laborales hasta los entornos digitales. Fuentes informó, además, que el organismo trabaja en un relevamiento de denuncias por violencia familiar asociadas a consumos problemáticos, con el objetivo de incorporar información para su análisis.
Alimentos y violencia política, entre las prioridades legislativas
Una de las propuestas acercadas al Senado apunta a modificar el Código Procesal Civil y Comercial para simplificar los procedimientos judiciales en materia de alimentos. La iniciativa ubica en la agenda una problemática directamente vinculada con el sostenimiento cotidiano de niñas, niños y adolescentes y con la distribución de las responsabilidades de cuidado.
Desde una perspectiva de género, el acceso efectivo a la cuota alimentaria también exige atender las cargas económicas y las gestiones que recaen sobre quienes asumen el cuidado diario. La propuesta presentada busca intervenir sobre los procedimientos judiciales, aunque durante el encuentro no se detallaron los cambios específicos que se impulsarán.
Fuentes también propuso un protocolo de prevención y abordaje de la violencia laboral y doméstica, el intercambio de insumos con el Observatorio del Congreso Nacional sobre legislación de igualdad y la profundización de medidas frente a la violencia política por motivos de género. Este último eje incorpora a la discusión las condiciones en las que las mujeres participan de la vida pública y ejercen sus responsabilidades políticas.
Compromisos que deberán traducirse en respuestas
En materia de articulación con el sector privado, la directora destacó el sello SEI, Espacios Igualitarios y Libres de Violencia, que cuenta con la certificación de siete empresas mineras y una tabacalera, además de la adhesión de quince proveedoras del sector minero. También resaltó la participación del OVcM en espacios de articulación de Latinoamérica y el Caribe.
Del encuentro participaron Leonor Minetti, Manuel Pailler, Alejandra Navarro, Luciano Elvira, Gonzalo Guaymas, Carlos Guitián, Dani Nolasco y Arnaldo Altamirano, quienes coincidieron en la importancia de utilizar información territorial para elaborar respuestas acordes con las necesidades de cada departamento y se comprometieron a evaluar las propuestas.
La reunión dejó planteada una agenda de trabajo y una advertencia sobre las estructuras municipales disponibles para acompañarla. El desafío será traducir los diagnósticos y compromisos legislativos en recursos, asistencia y mecanismos accesibles de protección, especialmente en los lugares donde las áreas específicas se debilitaron o donde todavía falta información para conocer su situación.