El oficialismo busca reformar la ley de financiamiento universitario tras un revés judicial
La iniciativa oficial apunta a reducir el impacto fiscal de la ley sancionada en 2025, cuyo cumplimiento implicaría un desembolso estimado en $2,5 billones.
En paralelo, el Ejecutivo también avanzó con presentaciones ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la norma.
El proyecto había sido presentado en febrero durante sesiones extraordinarias, pero no fue tratado en ese momento debido a que el oficialismo priorizó otras reformas, como la laboral.
Tras los fallos adversos en la Justicia, la propuesta volvió a tomar impulso, aunque aún no tiene fecha definida para su debate en comisiones.
Entre los principales cambios, la iniciativa plantea una actualización salarial más acotada para docentes y no docentes universitarios, reconociendo solo la pérdida correspondiente a 2025 y no la de años anteriores.
También propone modificaciones en los criterios de actualización presupuestaria, condicionando los aumentos a determinados niveles de inflación.
El proyecto genera tensiones tanto dentro del oficialismo como con el sistema universitario. Desde el Gobierno sostienen que la ley vigente compromete el equilibrio fiscal, mientras que las universidades, respaldadas por fallos judiciales favorables, mantienen su reclamo por el cumplimiento pleno de la normativa.
En este contexto, el Ejecutivo busca avanzar simultáneamente en el plano judicial y legislativo, en un escenario donde el margen de negociación política aparece cada vez más limitado.
Fuente: La Nación