El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Salta retomó sus actividades institucionales y políticas luego del fallo de la jueza federal María Romilda Servini que declaró nula la intervención dispuesta por el Consejo Nacional del partido.
La medida, que se extendió por 72 días, fue calificada por los apoderados del PJ salteño como carente de fundamentos válidos y jurídicamente insostenible. En este nuevo escenario, el cuerpo directivo del partido, encabezado por su presidente Esteban Amat, trazó una hoja de ruta con definiciones políticas y exigencias administrativas, entre las que se incluye la rendición de cuentas a los ex interventores designados por la conducción nacional.
Durante la reunión realizada días atrás, los apoderados del partido, Raúl Medina y Guillermo Ramos, brindaron un informe detallado sobre el alcance de la sentencia judicial. Según explicaron, el fallo de Servini rechazó los argumentos de la intervención, al considerar que las diferencias de criterios políticos entre la conducción nacional y el distrito Salta no constituían un motivo razonable para intervenir el partido. Además, quedó claro que no existía en la estructura provincial del PJ ningún estado de acefalía, conflicto institucional, ni incumplimientos legales que justificaran la intromisión. En ese contexto, el Consejo resolvió formalmente exigir a los ex interventores la rendición de cuentas respecto al manejo de fondos durante el período de intervención, con especial atención al destino de los aportes provinciales recibidos durante el último proceso electoral. El reclamo cobra mayor relevancia dado que el PJ salteño no presentó candidaturas propias en ninguna categoría, ni a nivel provincial ni municipal. Esta situación ha generado inquietud sobre el uso y la administración de los recursos partidarios durante ese lapso.
Frida Fonseca, secretaria política del PJ provincial, en diálogo con Nuevo Diario, planteó que en esta nueva etapa se buscará “definir las líneas de acción política que se llevarán a cabo durante los próximos meses con el objetivo de fortalecer la tarea social y política y reivindicar el rol del espacio justicialista en el marco electoral en proceso”.
En este sentido, advirtió sobre el contexto nacional: “Nos enfrentamos a un esquema complejo, con un Gobierno Nacional que avanza sobre los derechos de los ciudadanos y que asfixia a las provincias”. Fonseca también destacó que el Consejo reafirmó su apoyo a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, a quien consideró un actor clave en la defensa del federalismo. “Acompañamos y respaldamos su tarea en defensa de los derechos de las provincias y, por sobre todo, de los ciudadanos salteños como principal objetivo de la gestión local”, subrayó. Por otra parte, se anunció la organización de una capacitación para los convencionales municipales que fueron electos en mayo para redactar o reformar las Cartas Orgánicas de 19 municipios, una tarea clave para fortalecer la institucionalidad democrática local.
El justicialismo salteño busca así dejar atrás el capítulo de la intervención, retomar protagonismo y reorganizar su estructura territorial con vistas a los desafíos electorales por venir. En este sentido, los dirigentes aseguraron que el PJ vuelve a ponerse en movimiento en toda la provincia, con el objetivo de consolidar su presencia política y volver a representar con fuerza los intereses del pueblo salteño.
Participaron de la reunión del Consejo, además del presidente Esteban Amat, los vicepresidentes Gastón Galíndez y Socorro Villamayor, los consejeros Frida Fonseca, Martín Pérez, Nancy Montero, Laura Cartuccia, Luis Mendaña, Yolanda Vega, Gladys Paredes, Laureano Almirón, Antonio Hucena, el presidente del Congreso provincial Diego Pérez, y los integrantes del Tribunal de Disciplina, Marcelo Villagrán y Pedro Mellado.