El procurador García Castiella amplió la denuncia contra el juez Oyarzú por mal desempeño
El Procurador Pedro Oscar García Castiella presentó una ampliación de la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, informando sobre otros hechos que constituirían mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte del Juez de Garantías Nº 1 de Orán.
La denuncia se basa en la reiterada conducta del juez Francisco Oyarzú, de dar la libertad anticipadamente a imputados, basándose en una interpretación irrazonable de las normas procesales, lo que utiliza para rechazar sistemáticamente los pedidos de prisión preventiva que le efectúan las Fiscalías Penales.
Según la peculiar lectura que hace el Juez denunciado, los escritos de la Fiscalía sólo pueden ser presentados hasta las 13:00 horas del día en que se vence el plazo para solicitar la prisión preventiva y no rige para esa parte la prórroga especial de las dos horas del día siguiente hábil, que el Código Procesal Penal establece en el art. 217.
El Procurador General ha identificado al menos once casos en los que Oyarzú actuó de esa manera. En cada uno de ellos, el Tribunal de Impugnación revisó sus resoluciones y le reprochó al magistrado su interpretación, explicándole en todos los supuestos cómo debía computar los plazos. Según se pudo tomar conocimiento, esa inconducta la viene teniendo el juez en cuestión desde el año 2017 y, a pesar de que el Tribunal de Impugnación le reiteró en varias oportunidades que modifique su criterio porque resultaba arbitrario y contrario a la ley, Oyarzú continuó insistiendo en liberar detenidos sin prestar atención a los mandatos del tribunal superior ni explicar los motivos por los cuales no acataba esa jurisprudencia.
Se pudo constatar que dichas liberaciones anticipadas se efectuaron en causas por homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes, delitos en contexto de violencia de género, entre otros. En fecha reciente, la Sala III del Tribunal de Impugnación, al resolver uno de tantos casos que llegaron a esa instancia, no sólo anuló la resolución de Oyarzú (como se hizo en varias oportunidades anteriores), sino que también ordenó su apartamiento del caso por la “manifiesta desatención” de las decisiones de ese Tribunal y por los perjuicios que su postura irroga en términos de seguridad jurídica y economía procesal. También mandó copias de las actuaciones a Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta para que se le inicie un proceso disciplinario.
“Retrasos y perjuicios en las investigaciones”
García Castiella destacó en su denuncia que lo más grave de la situación es el reiterado entorpecimiento del proceso judicial por parte de este juez, quien, aferrándose a una interpretación jurídica ampliamente cuestionada, ha provocado retrasos significativos e incalculables perjuicios en el desarrollo de las investigaciones. Asimismo, subrayó el riesgo generado al liberar anticipadamente a acusados de delitos cuya detención preventiva estaba justificada por el peligro de que pudieran atentar contra las víctimas o testigos, o fugarse para evadir la acción de la justicia.
El Procurador destacó la grave lesión que el juez Oyarzú ocasionó al sistema de justicia, señalando que su obstinada postura no solo entorpeció el desarrollo de los procesos, sino que también puso en riesgo sus objetivos fundamentales. Además, generó un aumento excesivo e innecesario de la carga laboral, afectando no solo al Ministerio Público Fiscal, que debió recurrir reiteradamente sus arbitrariedades o plantear nuevas medidas cautelares, sino también al Tribunal de Impugnación, que se vio obligado a resolver las mismas controversias en múltiples ocasiones.