El procurador García Castiella pidió Jury para el juez Francisco Oyarzú de Orán
Se presentó un pedido de jury contra el Juez de Garantías Nº 1 de Orán, Francisco Oyarzú, con la solicitud de su destitución, fundamentada en acusaciones por mal desempeño en sus funciones.
El procurador general de Salta, Pedro Oscar García Castiella, ha presentado la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, argumentando que el accionar del magistrado habría sido contrario a las exigencias legales y constitucionales propias del cargo, perjudicando el servicio de justicia y deslegitimando su permanencia
Entre los principales puntos de la acusación se encuentran diversas demoras y manejos irregulares en casos que han afectado gravemente la investigación y resolución de delitos.
Entre los casos destacados, se encuentra el de “Abra de Sol”, donde la demora de cuatro meses para autorizar la extracción de datos de dispositivos secuestrados impactó negativamente en el proceso. García Castiella valoró que la parsimonia que tuvo el magistrado para dilatar las resoluciones de los pedidos de la Fiscalía no fue la característica de las respuestas dadas a los pedidos de la defensa.
En otro caso, relacionado con el homicidio de César Daniel Martínez, Oyarzú intervino luego de la recusación con causa presentada contra el juez Claudio Parisi.
En fecha 29 de diciembre de 2023, la Unidad Fiscal interviniente le reiteró el pedido de ratificación del secuestro de un celular que se consideraba vital para la investigación, situación que antes había sido requerida al juez Parisi en fecha 6 de diciembre de 2023, ya que éste nunca lo había resuelto, el juez también demoró injustificadamente la ratificación del secuestro de un celular clave para la investigación, afectando el avance del caso.
Así el procurador Pedro García Castiella consideró que el magistrado demostró mal desempeño para el cumplimiento de los deberes a su cargo respecto a las infundadas respuestas a los requerimientos de medidas que necesitan autorización judicial formuladas por la Fiscalía, todo lo cual frustró deliberadamente y hasta la fecha la investigación de hechos de altísimo impacto social y gravedad para la comunidad, como la falta de cumplimiento de los criterios recomendados por el Tribunal de Impugnación para resolver estas situaciones.