El Procurador General solicitó un informe integral sobre el femicidio de Natalia Cruz
Pedro García Castiella requirió un análisis detallado a la Unidad de Femicidios por la causa en la que se encuentra imputado Daniel Orlando Serapio, para evaluar la intervención de los organismos estatales en el caso.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, formalizó un pedido de informe circunstanciado sobre el crimen de Natalia Marilin Cruz. El requerimiento fue dirigido a la fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad de Femicidios (UFEM).
La solicitud tiene como objetivo primordial contar con un análisis integral del contexto institucional previo y posterior al asesinato. En esta causa, Daniel Orlando Serapio se encuentra actualmente imputado y detenido por el delito de femicidio.
El Procurador busca reconstruir de manera objetiva la secuencia de intervenciones desplegadas por el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad. También se relevará la actuación de los organismos de asistencia y los órganos judiciales que intervinieron en etapas previas.
La medida responde a la necesidad de examinar la adecuación, oportunidad y coordinación de la respuesta estatal brindada a la víctima. El proceso pretende identificar eventuales fallas en los circuitos de actuación o determinar responsabilidades administrativas si las hubiere.
García Castiella indicó que esta revisión busca fortalecer el sistema y consolidar los estándares de intervención ante hechos de violencia extrema. Además, afirmó que apunta a garantizar una respuesta eficaz y ajustada a derecho, siguiendo los protocolos de protección y seguimiento vigentes.
Cabe aclarar que la Provincia cuenta con herramientas como el sistema único de denuncias, que permite la inmediata intervención de fiscalías y juzgados especializados. También se dispone de tecnologías de geolocalización diseñadas para optimizar la actuación policial ante pedidos de auxilio urgentes.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que este análisis forma parte de un proceso de revisión continua de los mecanismos de protección, con el fin de reforzar la seguridad de las víctimas y coordinar criterios de actuación frente a situaciones de especial vulnerabilidad.