El rol de la nueva Unidad Fiscal, clave en la actual investigación del caso Jimena Salas
La creación de una nueva unidad fiscal, ordenada por el Procurador General de la Provincia, el pasado 8 de abril de 2022, obedeció a que con fecha 5 de abril de 2022, la Corte de Justicia de Salta había dictado sentencia definitiva en el caso Jimena Salas.
En la sentencia se dejaba firme la absolución por beneficio de la duda de quienes habían sido llevados a juicio hasta ese momento, provocando ello la obligación constitucional en cabeza del Ministerio Publico Fiscal de continuar con la investigación para cumplir con el mandato constitucional y convencional de la investigación de los delitos, descubrimiento de la verdad y eventual enjuiciamiento de los responsables. Imperativo incuestionable y obligación indelegable del Ministerio Público Fiscal
Precisamente, en uno de los votos que conformaron aquel fallo de Corte de Justicia confirmatorio de la absolución, se consignó acertadamente que “…. conforme a la división de roles propia del sistema procesal penal que rige en nuestra Provincia, es obligación exclusiva del fiscal iniciar y llevar adelante la actividad acusatoria con el objeto de posibilitar-juicio mediante- la eventual imposición de una sanción penal al o los responsables del delito -que, por lo demás, no puede ser suplida por ningún otro órgano estatal corresponde que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a fin de colectar elementos probatorios de cargo a efectos de la realización de una nueva acusación -que pueda ser base de un nuevo juicio- y posibilite, en definitiva, la condena del o los culpables del aberrante hecho investigado. En cumplimiento -a su vez- del deber de debida diligencia asumido por nuestro Estado para prevenir, sancionar erradicar la violencia contra la mujer (art. 7 inc. b de 1; Convención de Belem do Pará), respetando -claro está- la garantía del “ne bis in idem” (art. 1° inc. g del C.P. P.).”
Por otro lado, el procurador general Pedro García Castiella también consideró como “indispensable” dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por fiscales e investigadores diferentes a los que hasta ahora intervinieron. Todo además en cumplimiento del compromiso asumido de adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia contra las mujeres en consonancia con la directriz sugerida por la Corte de Justicia de Salta, ya referida
Fue que, coincidiendo con esa inteligencia, desde la Procuración General se dispuso de inmediato la conformación de una nueva Unidad Fiscal, teniendo como premisa su integración con fiscales que no hayan intervenido con anterioridad en la investigación, como así también excluir de los equipos de investigación a conformar, a aquellos investigadores que sí habían participado de las anteriores pesquisas.
Valiosa herramienta procesal
Una vez conformada la nueva Unidad Fiscal el día 8 de abril de 2022 por Monica Poma, Leandro Flores y Gabriel Gonzalez, paralelamente se procedió a conformar un nuevo Equipo Especializado de Investigación seleccionados bajo la condición de que no hayan tenido contacto anterior con la causa, para abocarse de lleno al estudio, examen de los elementos anteriores, y avanzar en la exploración de la investigación a continuar. Es así como además de la Unidad Fiscal creada, también en fecha 20 de mayo de 2022, se concluyó conformando dicho nuevo equipo a cargo del Oficial Ayudante Manuel Colque más cinco investigadores a cargo, y supervisado por el comisionado coadyuvante Comisario General Juan Ramón Miranda, quienes no habían participado en ninguna intervención previa, en el marco de la investigación que oportunamente se elevara a juicio.
Este nuevo equipo investigativo se aboco intensivamente durante más de tres meses a profundizar las distintas líneas investigativas, elevando informes periódicos a la Unidad Fiscal. Con la base fáctica propuesta de dicha tarea investigativa, se ordenaron los importantes procedimientos llevados a cabo el pasado martes 20 de setiembre, con un significativo despliegue de recursos y simultaneidad de procedimientos, dos jurisdicciones diferentes, y la intervención de los distintos jueces de garantías de dichas jurisdicciones y que concluyeran con la detención de tres personas.
En resguardo de las garantías procesales de las personas imputadas, y con previo anoticiamiento e intervención de todas las partes constituidas, incluidas la querella constituida en la causa y las defensas, y previo haberles hecho conocer la prueba en su contra hasta ahora reunida, prestaron descargo imputativo el pasado jueves en compañía de sus abogados defensores, y al día siguiente, también con la debida notificación y control de la defensa y querella, se prestaron voluntariamente a la extracción de muestras de ADN para cotejo.
La Unidad Fiscal interviniente, en cumplimiento y respeto de las garantías procesales de los imputados, accedió a otorgar el término de tres días para que los mismos puedan ofrecer peritos de parte para el control de la prueba genética a llevarse a cabo en los próximos días, una vez vencido dicho término concedido. El procesamiento de las muestras y su cotejo con las ya existentes, se llevará a cabo en el Servicio de Biología Molecular del DTC (Departamento Técnico Científico) que integran el Laboratorio Forense del CIF que, entre otros, cuenta con un Departamento de Genética donde además funciona el Banco de Datos Genéticos de la provincia de Salta, integrando la Red Nacional de Bancos de Datos Genéticos.
Este fue el primer laboratorio genético en obtener la acreditación como tal en el país. El estándar internacional implementado es la Norma ISO 17025, que otorga competencia técnica y validez a los resultados de las determinaciones analíticas.
La rigurosa reserva hasta ahora mantenida, no solo de actuaciones, sino también del mismo desarrollo previo de la investigación, es lo que permitió precisamente llegar hasta este punto de la investigación y constituye una herramienta procesal cuyo uso resulta ineludible para evitar el entorpecimiento y frustración de los fines de la investigación penal, todo ante la envergadura y la importancia que el caso representa no solo para el Ministerio Publico Fiscal, sino también para la respuesta necesaria que esperan las víctimas y a la sociedad misma ante hechos como el presente, hasta ahora impunes.