El Senado de Salta aprobó por unanimidad la prórroga de la emergencia hídrica en toda la provincia por el plazo de un año. La decisión se adoptó durante la 37ª Sesión Ordinaria, presidida por el vicegobernador Antonio Marocco, con la presencia de 21 senadores, y ratifica la vigencia de la Ley 8355 a partir del 2 de diciembre de 2025. El debate dejó en claro que la crisis hídrica continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales de Salta, en particular en el norte provincial, el Chaco salteño y los Valles Calchaquíes, donde la escasez de agua impacta de manera directa sobre comunidades indígenas, zonas rurales, la producción agropecuaria y el abastecimiento urbano.
Emergencia hídrica: Al fundamentar el proyecto, el senador Juan Cruz Curá explicó que la prórroga resulta indispensable para sostener las acciones que el Estado provincial viene desarrollando frente a una situación que, lejos de resolverse, se profundiza. Informes hidrometeorológicos recientes y el impacto de fenómenos climáticos globales muestran que, aun cuando se esperan precipitaciones superiores a lo normal durante el período estival en el NOA, estas no alcanzan para revertir el déficit hídrico acumulado. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones actuales se enmarcan en la fase “La Niña”, lo que implica que, pese a eventuales excesos puntuales, las lluvias en el este de Salta se mantendrán dentro de rangos normales, insuficientes para mitigar los efectos de sequías prolongadas. La tendencia se siente con mayor crudeza en el norte provincial y en los valles, donde la falta de agua segura afecta de forma constante a comunidades aisladas, especialmente durante el verano. En ese contexto, también se advirtió que los principales embalses de la provincia, como Cabra Corral, Campo Alegre y El Tunal, registran niveles por debajo del óptimo, motivo por el cual se mantienen vedas temporales para preservar las reservas, extendidas hasta marzo de 2026 inclusive.
La prórroga habilita al Poder Ejecutivo a continuar con medidas urgentes, como la perforación de pozos —más de 50 realizadas durante 2025—, la optimización de riesgos y el monitoreo satelital, en coordinación con la Secretaría de Recursos Hídricos y Aguas del Norte, bajo la supervisión del Comité de Crisis Hídrica.
Fundamentos jurídicos y técnicos
Desde el punto de vista legal, la continuidad de la emergencia se sustenta en el artículo 1 de la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas, que declaran el estado de emergencia hídrica ante la escasez de agua en toda la provincia. A su vez, se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano; en el artículo 75 inciso 18, que reconoce la potestad provincial sobre los recursos hídricos locales; y en el artículo 22 de la Constitución de Salta, que consagra el acceso al agua potable como un derecho fundamental y obliga al Estado a adoptar políticas preventivas y correctivas ante emergencias ambientales.
Además, se recordó que la crisis hídrica en Salta no es un fenómeno aislado, sino parte de una emergencia regional que afecta tanto al noreste como al noroeste argentino.
Acompañamiento crítico
Si bien el proyecto fue acompañado por unanimidad, no faltaron las miradas críticas. El senador Roque Cornejo Avellaneda respaldó la prórroga, pero advirtió que, a cuatro años de la declaración de la emergencia, “lamentablemente mucho no ha cambiado”. En ese sentido, sostuvo que la Legislatura se ve obligada a votar la extensión del estado de emergencia ante la ausencia de un plan hídrico integral que contemple manejo del recurso, planificación de obras y asignación de recursos. El legislador celebró la aprobación de un pedido de informes que exige al Poder Ejecutivo detallar las medidas adoptadas desde la vigencia de la Ley 8355 y el programa de obras previsto para 2026, pero fue contundente al señalar que la emergencia es apenas un paliativo. “Es un síntoma más de la enfermedad”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de detección de las necesidades reales de la población y la ausencia de una política de agua sostenida en el tiempo. Cornejo Avellaneda también apuntó a la situación institucional del área, al advertir sobre la compatibilidad del cargo del actual ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún con la presidencia de Aguas del Norte, y subrayó que la problemática del agua requiere una dedicación plena y una planificación estratégica. En ese marco, recordó que Salta es la segunda provincia del país que más sufre la desertificación de suelos como consecuencia del mal manejo de las cuencas.
El proyecto se aprobó y pasa al Ejecutivo para su revisión.
Trapitos
Este jueves también se aprobó el proyecto de Ley que establece modificaciones en la Ley de Contravenciones y propone dotar a la policía de una herramienta legal para impedir la comisión de graves hechos.
Así lo informó el senador Jorge Pablo Soto – La Viña – y explicó que apunta a las personas que pretenden, indebidamente, el cobro por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública. A partir de la aprobación de la ley, se prevé el arresto de hasta 40 días o 40 días multa para quienes lleven adelante estas acciones, y que las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad. El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.
Balance y reclamo
Durante la sesión, el senador por Iruya, Walter Cruz, realizó un balance del año legislativo 2025, destacando el acompañamiento desde la Cámara Alta a instituciones educativas, religiosas, deportivas y comunitarias, así como a delegaciones que participaron en múltiples actividades en el norte provincial. También valoró el desempeño electoral del espacio en los comicios de mayo y octubre, y llamó a encarar el 2026 con una agenda de consensos que priorice las necesidades de la gente. En ese marco, Cruz reclamó a la Cámara de Diputados que trate con premura el proyecto de ley contra los crímenes de odio, una iniciativa largamente demandada por mujeres, niñas y niños del Gran Chaco salteño. “Cuando se trata de declaraciones simbólicas parece que no hay problema, pero cuando hablamos de una ley que puede cambiar sustancialmente la realidad de nuestras comunidades, pareciera que no se quiere avanzar”, advirtió, al remarcar la necesidad de una reparación y de garantías institucionales para que las violencias no se repitan.
Economías regionales y reclamo al Congreso nacional
Durante la sesión, el senador Enrique Cornejo dio detalles sobre el proyecto de declaración que presentó junto al senador Manuel Pailler, en el marco del debate nacional sobre reformas laborales y fiscales. El proyecto solicita a los legisladores nacionales por Salta que realicen gestiones para mejorar la sustentabilidad y competitividad de las economías regionales de la provincia. Cornejo explicó que estos sistemas productivos, arraigados en territorios específicos y basados principalmente en la actividad agropecuaria, generan valor agregado a través de la industrialización y la comercialización, además de un importante volumen de empleo. Entre ellos mencionó al tabaco, la caña de azúcar, los cítricos, la uva y el vino, diferenciándolos claramente de los modelos económicos de la Pampa Húmeda. El senador advirtió que existen múltiples factores que limitan el crecimiento de estas economías, en especial los vinculados a la carga fiscal, tributaria y laboral. Señaló el elevado costo de la energía eléctrica, el gas natural y los insumos importados, y planteó la necesidad de revisar la estructura impositiva para reducir la presión fiscal. Asimismo, remarcó que, por tratarse de actividades intensivas en mano de obra, resulta clave revisar los aportes y contribuciones a la seguridad social.
Finalmente, Cornejo subrayó que en los últimos 12 meses el sector privado salteño perdió alrededor de 6.500 puestos de trabajo, por lo que instó a que, al momento de votar normas laborales y fiscales, los representantes nacionales prioricen criterios de competitividad y sustentabilidad para las economías regionales, como herramienta central para la generación de empleo en la provincia.
La jornada legislativa incluyó además la asunción de José Rolando Guaimás como senador por el departamento San Carlos para el período 2025–2029; la sanción definitiva de acuerdos interprovinciales con Catamarca para el fomento del proyecto minero Sal de Oro; cambios en la Ley del Jurado de Enjuiciamiento; y un régimen excepcional de moratoria para multas de tránsito y vehículos secuestrados.