Elecciones en Brasil: la fractura política que Lula no logró cerrar
Este domingo 4 de octubre hay elecciones en Brasil. La recuperación económica, las políticas sociales y el regreso al escenario internacional marcan el balance de Lula, pero no alcanzan para disipar el malestar ni la polarización.
El 8 de enero de 2023, Brasil se quedó sin ventanas. Apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, miles de seguidores de Jair Bolsonaro invadieron el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Destrozaron mobiliario, obras de arte y símbolos de la República. Afuera, el resultado electoral seguía siendo el mismo. Adentro, las instituciones que debían garantizarlo acababan de ser puestas a prueba.
La elección de octubre de 2022 había sido la más ajustada desde el retorno de la democracia: Lula obtuvo el 50,9 por ciento de los votos frente al 49,1 por ciento de Bolsonaro. Los números demostraban que el bolsonarismo no era una expresión marginal ni una anomalía pasajera, sino que contaba con una base electoral consolidada, presencia en el Congreso y capacidad de movilización.
Aquel domingo dejó al descubierto una crisis que iba mucho más allá de la herencia de un gobierno. En las urnas, Brasil había elegido al líder petista para una tercera presidencia, y la mayoría de la sociedad había aceptado el resultado. Sin embargo, la escena reveló una tensión profunda: la democracia brasileña había logrado procesar una elección disputada, pero todavía debía afrontar las consecuencias de una polarización que ponía a prueba sus instituciones.
Para comprender la dimensión de aquella crisis, hay que volver al Brasil que dejó Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022. Su presidencia combinó una agenda económica liberal con un conservadurismo social que convirtió la confrontación en método de gobierno.
Lula y el desafío de gobernar entre el gasto social y las cuentas públicas
Con el regreso de Lula, el Partido de los Trabajadores (PT) recuperó una promesa conocida: devolver al Estado su capacidad de proteger a los sectores más vulnerables. Bolsa Familia —el programa de transferencias monetarias a familias de bajos ingresos creado durante el primer gobierno de Lula, en 2003— volvió a ocupar un lugar central. Se reforzaron las políticas contra el hambre y la inclusión social recuperó prioridad. La mejora del empleo, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad le permitieron al gobierno mostrar resultados concretos.
Sin embargo, el desempeño macroeconómico no siempre se tradujo en una sensación equivalente de bienestar. El costo de vida, el endeudamiento de los hogares y las dificultades de acceso al crédito siguieron condicionando la percepción de la economía. La expansión del consumo convivió con familias que destinaban buena parte de sus ingresos a pagar deudas.
La contradicción más persistente aparece en las cuentas públicas. Lula necesita sostener el gasto social y ampliar la inversión, pero enfrenta restricciones fiscales y tasas de interés elevadas. El desafío consiste en definir qué prioridades puede sostener el país sin comprometer la estabilidad. En esa tensión se cruzan los intereses de los sectores populares, los mercados financieros, el empresariado y un Estado con un margen presupuestario limitado.
Fuente: Ámbito Financiero