Elevaron a juicio la causa contra el intendente de Rosario de la Frontera
El juez de Garantías 1 de Metán, Mario Teseyra, elevó a juicio la causa que se sigue contra el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, acusado como autor de los delitos de incumplimiento a los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho en concurso real.
El jefe comunal fue denunciado por el auditor general de la provincia, cuando advirtió irregularidades en contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el período 2017.
La causa fue radicada en la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, donde continúa el trámite procesal a cargo del juez Ramón Haddad.
La investigación se había iniciado en 2019 a partir de la denuncia de personas que se quejaron porque se había utilizado sus identidades para generar la adjudicación de planes sociales, sin que ellos estuvieran al tanto y, mucho menos, hubieran cobrado algo de ese dinero.
Por este hecho, el 30 de mayo de ese año, la fiscalía penal de esa ciudad formalizó una imputación contra un funcionario vinculado al intendente. La misma fue el cobro irregular de planes sociales en ese municipio. Ahora, a más de dos años, se amplió la imputación y alcanzó al jefe comunal y otros funcionarios de su gestión.
Entre los nuevos imputados no sólo sorprende la acusación al intendente, sino también contra su hermana, Silvia Carolina Solís, quien fue designada por el mismo jefe comunal como la secretaria de Hacienda de ese municipio.
Según la nueva calificación penal de caso, los Solís y otros cuatro empleados y funcionarios municipales, fueron acusados de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en unidad fiscal con su par, la fiscal Mónica Poma, son los que llevan adelante la investigación por supuestas maniobras fraudulentas.
Inicialmente, se imputó a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, como autor de los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público.
De esta manera, la unidad fiscal llegó a nuevos nombres de implicados, por lo que decidió ampliar la acusación. Los fiscales imputaron al intendente, a Matías Tomás Antonio Iturre, Orlando Rubén Cárdenas, José Luis Feres, Silvia Carolina Solís Mónico y Antonia Silvia Acosta como autores de los delitos de asociación ilícita.