Emergencia ambiental y laboral en el vertedero del Valle Calchaquí
En el marco de la última sesión ordinaria de la Cámara Alta provincial, y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la senadora Sonia Magno, representante del departamento de San Carlos, denunció la crítica situación ambiental y laboral que atraviesa el Consorcio/Vertedero Regional del Valle Calchaquí.
Este espacio, que recibe los residuos sólidos urbanos de los municipios de Cafayate, San Carlos y Animaná, sufre desde hace años recurrentes focos de incendio sin que se haya dado una solución definitiva, generando graves consecuencias para la salud y el ambiente. “Me veo en la obligación de alzar la voz en representación de una problemática dolorosa que afecta a nuestra comunidad del Valle Calchaquí”, expresó la legisladora y exintendenta de San Carlos, al iniciar su intervención. Sonia Magno advirtió que el predio, lejos de operar como un centro de disposición final seguro y controlado, “se ha transformado en un foco de contaminación, deterioro ambiental y vulneración de los derechos laborales”. El pasado 21 de mayo, los trabajadores del vertedero presentaron una nota formal al presidente del consorcio intermunicipal exponiendo las condiciones extremas en las que deben desempeñar sus tareas. Entre los puntos denunciados, mencionaron la falta de acceso a agua potable, insumos de higiene, indumentaria adecuada, combustible y maquinaria operativa. También reclamaron el pago puntual de sus sueldos, la actualización de haberes conforme a las paritarias vigentes y el cumplimiento de los aportes a la obra social y a la ART. Sin embargo, la senadora aclaró que el problema no se reduce a lo laboral: “La acumulación y disposición inadecuada de residuos sin tratamiento alguno representa una grave amenaza para la salud de todas las poblaciones cercanas. Contamina el aire, el agua, el suelo y pone en riesgo las economías locales, especialmente a nuestros productores vitivinícolas y agroindustriales”. La gravedad de la situación llevó a los trabajadores a cerrar el portón del vertedero como medida de protesta, exigiendo respuestas concretas. “Frente al silencio de las autoridades responsables, esta acción fue el único camino que encontraron para visibilizar la emergencia que atraviesan”, subrayó Magno, quien además informó que solicitó formalmente informes a autoridades provinciales y municipales para que detallen las medidas que adoptarán ante esta crisis. La senadora llamó a repensar las políticas ambientales con una mirada integral: “El cuidado del medio ambiente no puede estar disociado de la justicia social ni de la dignidad de los trabajadores. Necesitamos una política ambiental seria, con presupuestos, con control, con planificación y con participación comunitaria”. Las declaraciones de Magno se suman a las recientes denuncias de su par Juan Cruz Curá, quien también advirtió sobre los impactos del derrame de un pozo petrolero en Pichanal. En el caso del vertedero, los problemas no son nuevos: los incendios registrados en 2017, cuando el consorcio estaba bajo gestión del entonces intendente de Cafayate, Fernando Almeda, marcaron el inicio de una crisis ambiental que aún no encuentra respuesta.
Paralelamente, y en respuesta a una denuncia vecinal, la Fiscalía Penal de Cafayate adoptó medidas en relación con un daño ambiental en el vertedero ubicado en Animaná. Según el denunciante, la planta habría dejado de funcionar hace ocho meses, lo que derivó en una acumulación de residuos, olores nauseabundos, contaminación ambiental y un incendio en la basura que generó una densa neblina, afectando la circulación en la ruta nacional 40 y áreas pobladas cercanas.
La fiscal penal Sandra Rojas ordenó una inspección ocular realizada por la División de Criminalística de Cafayate, que constató parte de lo expuesto en la denuncia. Además, solicitó documentación sobre el funcionamiento y mantenimiento de la planta al Consorcio y a cada uno de los municipios involucrados.