Empleados de comercio en alerta tras el cepo paritario del Gobierno de Milei
El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, denunció una situación de extrema gravedad que afecta a más de un millón de trabajadores del sector en todo el país.
La negativa del Gobierno nacional de Javier Milei a homologar el último acuerdo paritario firmado entre las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). La medida, que el dirigente calificó como “inédita y alarmante”, impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores e instala, según sus palabras, un “cepo paritario” que pone en jaque el modelo sindical argentino.
Guerrero calificó la situación de insólita ante esta interferencia de Nación: “Siempre en un acuerdo paritario, la discusión se planta en que, si el sector de los trabajadores está afectado, el gobierno debe mediar para que no sea así y, de hecho, proteger al sector trabajador. En este caso, no, nada, directamente niegan el aumento, no importa que la mentirosa inflación que ellos marcan, o que ellos pretenden, no se condice con los valores que nosotros estamos alcanzando de aumento, porque, inclusive, estamos con una pérdida del poder adquisitivo de arrastre, desde que ellos están en el gobierno”, indicó.
Un acuerdo consensuado y desautorizado
Guerrero explicó que el 29 de abril se firmó el acuerdo paritario entre la FAECYS y las cámaras empresarias que representan al sector, como la Cámara Argentina de Comercio, CAME y UDECA. El convenio contemplaba un aumento del 5,4% en tres tramos (abril, mayo y junio), más tres sumas fijas de $35.000, $40.000 y $40.000 respectivamente. “Se acordó un aumento salarial de 5,4% en tres tramos… Todo eso fue firmado entre las partes y se remitió, lógicamente, al Ministerio de Trabajo de la Nación para su homologación, como ocurrió en el trimestre anterior”, explicó. Sin embargo, el Gobierno nacional se negó a homologarlo argumentando que no se ajusta a su pauta inflacionaria del 1% mensual, y citó a las partes a rediscutir el acuerdo, algo que fue rechazado por la Federación. “La Federación dijo que no iba a ir a esa reunión. Y, de hecho, en el portal de CAME está colgado el acuerdo firmado, como un hecho. Pero la Secretaría de Trabajo dice que no, que eso se va a rever porque no se ajusta a lo que ellos estipulan”, agregó.
“Una vergüenza”: impacto directo en el salario
El secretario gremial fue enfático al denunciar el retroceso que implica esta decisión del Ejecutivo nacional, que pone límites a una negociación entre partes que históricamente ha sido respetada y homologada por el Estado. “Es la primera vez que directamente, lisa y llanamente, el gobierno sale y dice ‘no vamos a homologar porque no es lo que nosotros decimos’. El rol del Estado, históricamente, fue ordenar, mediar, y hasta fallar a favor del trabajador. Esto es insólito”, sostuvo Guerrero. La situación es aún más crítica cuando se analiza el impacto en el salario básico de los empleados del sector. Según detalló el dirigente, el salario de un trabajador de la categoría más baja de maestranza ronda los $1.200.000. Un incremento del 1%, como pretende el gobierno, representaría apenas $9.000 de aumento. “Una vergüenza… Imaginate, de un 1%, van a ser nueve mil pesos. ¿Qué se hace con eso hoy?”, cuestionó.
¿Hacia una ruptura del modelo sindical?
Consultado sobre si esta maniobra del Ejecutivo puede representar un intento de quebrar el modelo sindical argentino, Guerrero no dudó: “No solo con esto. Lo está tratando de quebrar desde el primer momento, desde el primer DNU, desde la ley bases… Todo lo colectivo para este gobierno parece que es mala palabra. Rompen la protección que tienen los trabajadores, no solo de comercio, sino de cualquier organización gremial”. El dirigente salteño remarcó que el ataque va más allá de su persona o del gremio que representa, y forma parte de una estrategia general para desarticular la organización colectiva de los trabajadores. Todo eso está en riesgo”, advirtió el sindicalista salteño.
Finalmente, Guerrero advirtió que esta negativa a homologar paritarias no sólo lesiona derechos laborales, sino que también implica un mensaje intimidatorio por parte del Estado nacional con un posible efecto en otros gremios. “Nos parece una forma muy amenazante de que el gobierno te diga: si no se sientan a rediscutir, esto no se homologa, como diciendo ‘a otra historia’”. En Salta, el gremio se mantiene en estado de alerta y realizó reuniones informativas con delegados y afiliados para analizar los pasos a seguir. La situación, según Guerrero, es una alerta roja para todos los sectores gremiales del país. “Hoy estamos en estado de alerta los distintos gremios. Nosotros también acá en Salta. Es algo inédito, que no podemos dejar pasar”, concluyó.