Empresario uruguayo a pesar de haber sido multado por desmontar, siguió haciéndolo
Mediante la comparación de imágenes satelitales y un sobrevuelo, se detectó que un empresario ganadero uruguayo continúa desmontando ilegalmente en Salta a pesar de haber sido multado en 2018. Las topadoras llevan arrasadas cerca de 7 mil hectáreas de bosques nativos protegidos por la Ley Nacional de Bosques.
Así lo denunciaron desde Greenpeace en un comunicado oficial: “Es evidente que las multas no son suficientes para frenar la deforestación ilegal. Y en muchos casos hay complicidad de los gobiernos en la violación de la Ley de Bosques. Es hora de acabar con esta impunidad. Necesitamos avanzar con su penalización" señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín consiguió un permiso para deforestar 7.054 hectáreas de boques nativos con fines ganaderos en la finca La Peregrina, la cual fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo, donde está prohibido desmontar.
Pero en enero de 2.018, mediante la resolución 56/2018, el Ministerio de Ambiente de la Nación, declaró ilegales a 32 permisos otorgados por la provincia de Salta para deforestar en zonas donde la normativa nacional no lo permite, e instó a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados, entre los que se encuentra la finca La Peregrina.
A fines de ese año Varela Marín fue multado por continuar con el desmonte ilegal, tras una nueva denuncia de Greenpeace.
De este modo, la organización ecologista detectó que actualmente en la finca La Peregrina continúa el desmonte y las topadoras voltearon casi 250 hectáreas de bosques en lo que va del año.
No resulta un dato menor que, del informe que realizó Greenpeace durante su campaña contra los desmontes en Salta, surge que las tierras que conforman La Peregrina eran antes de CRESUD. La firma es “una de las empresas agropecuarias más importantes de Argentina (cuenta con casi un millón de hectáreas) y de las que más desmontó en la provincia de Salta (cerca de 90.000 hectáreas), en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques vendió 14.516 hectáreas de su finca ‘Los Pozos’, cuya superficie era de 262.000 hectáreas y está ubicada en el departamento Rivadavia”.
Indica el informe de Greenpeace que “el 5 de junio de 2007, CRESUD informó a la Comisión Nacional de Valores que el precio acordado por dicha operación fue de U$D 2.177.431,50; es decir U$D 150 por hectárea, los que fueron abonados por el comprador en forma íntegra al momento de la escritura traslativa de dominio y entrega de posesión. En ese momento, la compañía tenía valuado en sus libros la parcela vendida a un valor de U$D 7 por hectárea.
“La grave crisis climática y de biodiversidad en la que estamos nos obliga a proteger nuestros últimos bosques nativos. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, afirmó Giardini.