Política

En Diputados proponen la creación de una comisión de vigilancia por el dengue

El aumento de casos de dengue en la provincia, sumado a los de chikungunya, motivaron que en el ámbito legislativo salteño se elaborara un proyecto de ley mediante el cual se propone modificar la Ley 7.925.

El proyecto se refiere a la creación de una Comisión Municipal de Vigilancia de seguimiento y aplicación de la ley que declara zona de alerta y vigilancia epidemiológica debido a esta epidemia.

Los diputados Gladys Paredes, Osbaldo Acosta, Bernardo Biella y Patricio Peñalba son los firmantes de esa iniciativa legislativa que se incluyó en el acta de Labor Parlamentaria para la sesión de la fecha en la Cámara de Diputados.

Según hacen constar en la fundamentación del proyecto de ley, el objetivo de la modificación y ampliación de la Ley 7.925 surge a efectos de determinar acciones tanto en el período pre-brote como brote a los fines de eliminar los focos de reservorios y criaderos del Aedes aegypti así como concientizar a la población de que la lucha contra el Aedes aegypti es un problema de toda la comunidad y no solamente de los integrantes de la Salud Pública. Por ello, instan a determinar estrategias locales educacionales o colectivas con la participación de los sistemas educativos y medios de comunicación.

Hospital de campaña para Tartagal

También referente a la situación de los casos de dengue en el norte provincial se abordará un proyecto de Declaración, el cual fue impulsado por el diputado Franco Hernández (San Martín-FdT). El escrito expresa que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, realice las gestiones necesarias para la instalación de un hospital de campaña, que se encuentre equipado para brindar atención médica y medicamentos a la población, teniendo en cuenta la situación producida por los casos de dengue, en la ciudad de Tartagal, departamento General San Martín.

Régimen penal

El temario en la Cámara baja incluye un proyecto de ley con el fin de  modificar la Ley 8.097 "Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes" (arts. 4º, 5º, 8º, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 26, e incorporar el art. 19 bis), y modificar la Ley 8.023. Su autora es la diputada María del Socorro Villamayor. (StF). El propósito es incorporar en el texto legal las garantías fundamentales previstas tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la Convención de los Derechos del Niño. Esto incluye el derecho a ser oído durante el proceso, la asistencia de equipos interdisciplinarios, la aplicación plena del principio de desjudicialización, entre otros.

Empresas recuperadas

A raíz de la pandemia de Covid-19, además de las adversas condiciones económicas tanto a nivel mundial como en el país, que provocaron el cierre de empresas de distintos rubros, se propende mediante una ley dar apoyo a la recuperación de plantas fabriles o firmas que fueron recuperadas mediante cooperativas por parte de sus trabajadores. Se trata de  contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos de trabajo  por empresas recuperadas. Lleva las firmas de Esteban Amat LacroixGermán Rallé, Lino Yonar, Juan Roque Posse, Víctor Lamberto, Patricia Hucena, Laura Cartuccia, Martín Pérez y Gonzalo Caro Dávalos.

Adhesión a la ley nacional Nº 23.314

Diputados prevé tratar hoy un proyecto mediante el cual la provincia adhiere a la ley nacional 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida. Su autora es la diputada Laura Cartuccia (Bloque Salta Tiene Futuro).

Fundamenta su proyecto en que en el mundo, alrededor de mil millones de personas -un 15% de la población- vive con algún tipo de discapacidad, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las personas con discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en diversos aspectos de la vida; suelen tener menos oportunidades socioeconómicas, menor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. En ocasiones, el estigma y la discriminación son el principal freno para la participación plena e igualitaria. La provincia de Salta no es ajena a esta realidad de personas con sus   habilidades reducidas o sin ellas.

 

 

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