En el caso Cruz, los policías actuaron en legítima defensa
A través de una resolución de la Sala I del Tribunal de Impugnación, los jueces Ramón Medina y Victoria Solórzano rechazaron las apelaciones de la fiscalía y la querella, las que pedían que se anule la sentencia absolutoria dictada por la Sala V del Tribunal de Juicio en favor de los policías Pablo Toledo, Ignacio Zurita y Rómulo Segovia.
La sentencia cobró importancia, pues había por detrás un reclamo resarcitorio de 28 millones de pesos, en favor principalmente de Luciano Cruz, un joven de 19 años que intervino en un incidente callejero ocurrido el 24 de febrero del 2020, en inmediaciones de un almacén en el barrio Norte Grande, en la zona este de la ciudad.
En el juicio, concluido el 30 de mayo de 2024, los jueces Mónica Faber, Gabriela Romero Nayar y Marcelo Rubio fallaron a favor de las defensas, desestimando la teoría expuesta por la fiscal Claudia Geria, quien decidió apelar la sentencia. La absolución fue dictada de forma lisa y llana, lo que dejó a la querella sin posibilidad de realizar un reclamo resarcitorio.
Durante el debate, los abogados Marcelo Arancibia, defensor del oficial Segovia, y sus colegas Jorge Ovejero y Carlos Oliver, representantes del sargento Toledo y el cabo Zurita, lograron presentar un argumento sólido que convenció a los jueces. Este argumento no solo era coherente con lo que realmente ocurrió durante el incidente, sino que también estaba respaldado por pruebas de peso, como un video de seguridad, una pericia balística y los testimonios de vecinos.
Los defensores refutaron la versión de la fiscalía, que sostenía que los policías, patrullando la zona en el móvil 1.829, actuaron de manera violenta, sin seguir los protocolos y fueron los responsables de iniciar el violento incidente al atacar sin motivo a Cruz, quien sufrió la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo y parcial en el derecho.
La fiscalía y la querella se basaron en los testimonios de familiares y amigos de la víctima, entre ellos Nicolás Segundo, quien fue presentado como una víctima. Sin embargo, durante su declaración, Segundo negó haber participado en acciones violentas contra el patrullero, a pesar de que una grabación de una cámara de seguridad lo mostró arrojando un pedazo de ladrillo contra el móvil.
La fiscal intentó respaldar la versión de la víctima, quien afirmó que ese día había ido al almacén a comprar una bebida e hielo para un grupo de amigos que se encontraban ingiriendo en la vía pública. Según la versión de la víctima, en ese momento apareció de golpe el patrullero, que lo acorraló y le disparó a una distancia de un metro y medio.
Por su parte, las defensas, apoyadas en la declaración de vecinos que no tenían relación de amistad ni parentesco con los involucrados, argumentaron que los policías se acercaron a los jóvenes y les pidieron que dejaran de beber en la vía pública, lo que constituye una contravención y, por lo tanto, los agentes estaban obligados a intervenir para poner fin a esa conducta.
Los testigos imparciales afirmaron que la reacción de los jóvenes fue violenta, pues insultaron a los policías y comenzaron a arrojarles piedras. En este contexto, los jueces Medina y Solórzano, quienes revisaron la sentencia absolutoria, coincidieron en que la agresión provino del grupo en el que se encontraba Cruz, y la describieron como “una masa enfurecida”.
Además, confirmaron que en cuestión de segundos, el grupo de jóvenes pasó de ser reducido a casi 20 personas. Los vecinos también indicaron que fue el patrullero el que se vio acorralado por los agresores, versión que coincidió con el video de seguridad que registró el episodio, en el cual se observa cómo el vehículo retrocede para intentar retirarse, mientras es rodeado por los vándalos.
En la filmación, destacaron tanto los jueces de juicio como de Impugnación, se puede ver a Cruz como parte del grupo, con el torso desnudo y el pantalón arremangado. En este sentido, el abogado Arancibia resaltó, en diálogo con la prensa, que los policías actuaron conforme al protocolo.
“Ellos no tenían armas letales. Intentaron retirarse, pero fueron acorralados, lo que puso en riesgo su seguridad. Sin embargo, cumplieron con el protocolo, realizando detonaciones de advertencia. Como el ataque no cesó, sino que se intensificó, actuaron en defensa propia. Este enfoque fue compartido tanto por los jueces de juicio como por los de la sala de Impugnación”, explicó el letrado.
Arancibia también señaló que, excepto la fiscalía y la querella, ambas salas de los tribunales coincidieron en la interpretación de los hechos, respaldada no solo por los argumentos de los defensores, sino también por pruebas directas, como los testimonios imparciales de los vecinos y el video que mostró lo que realmente sucedió.