En el juicio a guardiacárceles, testigo denunció haber sido golpeado antes de declarar

En la vigésima jornada del juicio que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares por presuntos hechos de corrupción y narcotráfico en la Unidad Carcelaria 1, se escucharon testimonios claves.

Uno de los testigos denunció haber sido atacado con una punta carcelaria en un baño días antes de su declaración, hecho que vinculó directamente con su participación en el proceso.

A raíz de esto, el Tribunal dispuso su traslado a otra unidad y ordenó atención médica urgente.

Durante la audiencia, declararon siete personas.

Uno de los primeros en declarar fue un miembro del Servicio Penitenciario, convocado por la defensa, quien manifestó conocer a los imputados Moya, Bucotich y Bisceglia y tener un buen concepto de ellos. Aseguró que siempre fue requisado antes de ingresar al penal.

También declaró la sobrina de uno de los acusados y de un exinterno.

Relató situaciones de violencia y exigencias económicas hacia su familia, y recordó que su madre logró ver al interno golpeado y en mal estado, lo que derivó en su traslado al hospital.

Luego, se ordenó retirar a los imputados de la sala para permitir testimonios más sensibles.

La esposa de un detenido reconoció haber hecho una transferencia de $18.000 para ingresar un celular al penal, luego de que la Fiscalía le mostrara pruebas.

Identificó el lugar de entrega del aparato como una vivienda previamente allanada.

Un exinterno declaró que los beneficios dentro del penal se obtenían a través de jefes como Bisceglia y del interno Méndez, quien gozaba de privilegios como tener celda propia, un anafe y otros elementos no permitidos.

También denunció que drogas y celulares ingresaban a través del personal penitenciario. Uno de los testigos dijo que la droga la ingresaban los jefes y mencionó a dos de los funcionarios imputados, y señaló que ellos podían hacerlo porque no eran requisados al entrar al penal, afirmando que esto le consta porque hacía la limpieza en el sector de requisas.

Además, agregó que los jefes involucrados en la comercialización de estupefacientes lo obligaron a contactar a un proveedor para conseguir la mercancía, señalando que accedió porque sino lo dejaban sin visitas, le bajaban puntos de concepto o lo apretaban.

Las maniobras estaban a la vista, agregó, y que los internos hacían filas en los teléfonos públicos del penal para llamar y pasarles a sus familiares los alias y números de CBU para el pago de sustancias, teléfonos o ciertos beneficios.

Agregó que después que los jefes entraban la droga, mandaban a llamar a un interno particular, encargado de distribuirla, también señaló que los internos consumían la droga dentro de los pabellones, y que los guardiacárceles observaban esto pero no hacían nada.

También habló de la venta de celulares dentro del establecimiento, estos eran teléfonos que se secuestraban durante las requisas, los que eran vendidos inmediatamente por los guardiacárceles, y más tarde estos circulaban de mano en mano.

Otro testigo, actualmente detenido en una cárcel federal, relató cómo fue forzado a colaborar con una red de tráfico de drogas liderada por agentes penitenciarios.

Afirmó haber alquilado un inmueble, bajo presión, utilizado como depósito de estupefacientes. Dijo que, al negarse a continuar, sufrió represalias y fue víctima de una “causa armada” por drogas.

Aseguró que la mayoría de la droga y los celulares ingresaban por medio de los guardiacárceles, quienes incluso revendían los teléfonos incautados.

Ataque y amenazas a testigo

El último testigo de la jornada inició su declaración visiblemente afectado, afirmando que había sido apuñalado con una punta carcelaria por otros internos como represalia por colaborar con la justicia.

Según su relato, no recibió atención médica adecuada y fue alojado en una celda de aislamiento, sin contacto con su familia.

Denunció vínculos entre el imputado Moya y el tráfico de estupefacientes dentro del penal, así como mecanismos para forzar a otros presos a colaborar bajo amenazas o promesas de beneficios. Detalló cómo se le ofreció vender droga a cambio de mejoras en sus condiciones de detención y describió un sistema de corrupción profundamente arraigado.