En el juicio por delitos de carceleros, un acusado negó todos los hechos
Los testigos, convocados por la fiscalía para la jornada de ayer reconocieron haber realizado transferencias de dinero a pedido de sus familiares privados de libertad.
Explicaron que los internos solicitaban los fondos para la compra de alimentos o materiales, como madera y herramientas para manualidades.
En todos los casos, los envíos se realizaban a distintos alias o cuentas bancarias.
Uno de los testigos, primo de un detenido implicado en un caso de delivery de pizzas dentro del penal, señaló que su familiar no consumía la comida del establecimiento y que por ello su tía le cocinaba en grandes cantidades.
También indicó que le enviaba dinero para adquirir insumos para él y otros internos.
Sin embargo, la fiscalía le informó que su primo había declarado que le transfería el dinero para su libre disposición, lo que el testigo negó rotundamente.
Por su parte, uno de los imputados, Rubén Guaymás —acusado de exacciones ilegales agravadas, asociación ilícita y participación en comercialización de estupefacientes— declaró ante el tribunal.
Negó haber recibido dinero de internos o sus allegados, y rechazó tener vínculos con otros funcionarios coimputados. Explicó que entre 2021 y 2022 se desempeñó como secretario de actas del Consejo Correccional y que su rol era únicamente registrar lo discutido en las sesiones.
Sobre la falta de actas de 2022, detectada durante el juicio, sostuvo que los registros se elaboraban a fin de año a partir de información digital. Afirmó que las actas individuales de los internos, necesarias para tramitar beneficios ante los juzgados, sí fueron confeccionadas regularmente.
La causa tiene veinte imputados. Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por concusión, comercialización agravada de estupefacientes y asociación ilícita.
Los internos y familiares están acusados por delitos vinculados al tráfico de drogas y participación en una organización criminal.