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En España Casi 90 mil descendientes obtienen la nacionalidad española

En España, la ley de nietos del Gobierno, 90.000 descendientes de exiliados lograron la nacionalidad. Las Oficinas del Registro Civil Consular han recibido 301.121 solicitudes. La mayoría de las concedidas son de Argentina y Cuba.

El Gobierno español celebró los resultados positivos de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido a cerca de 90,000 descendientes de exiliados obtener la nacionalidad española desde su entrada en vigor en octubre de 2022.

Además, la mayoría de los beneficiarios son argentinos y cubanos, reflejando un interés notable en recuperar la ciudadanía española entre las comunidades latinoamericanas.

Desde su implementación, las Oficinas del Registro Civil Consular han procesado un total de 301,121 solicitudes para optar a la nacionalidad española bajo esta ley.

Asimismo, de estas solicitudes, 150,002 están aprobadas, lo que representa un éxito considerable en la ampliación de derechos para los descendientes de españoles que sufrieron exilio debido a motivos políticos, ideológicos o de creencia.

Impacto en Latinoamérica y Cuba

Los consulados en Argentina y Cuba han registrado el mayor número de solicitudes aprobadas. Se han inscrito ya unas 89,766 personas bajo esta ley.

Ante la avalancha de peticiones, el Gobierno decidió prorrogar por un año adicional el plazo originalmente establecido de dos años para optar a la nacionalidad española bajo esta legislación.

“Esta prórroga garantiza que todas las solicitudes de cita pendientes y las futuras sean gestionadas dentro de un marco temporal razonable”, afirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa reciente.

Reconocimiento de derechos históricos

La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad española para aquellos nacidos fuera de España de padres o abuelos españoles que perdieron su nacionalidad debido al exilio.

Este derecho también se extiende a hijos mayores de edad de españoles a quienes se les ha restituido su nacionalidad de origen por disposiciones legales anteriores.

En resumen, la ampliación de este derecho celebrada como un paso significativo hacia la reparación histórica y la consolidación de la identidad española entre las comunidades globales afectadas por el exilio y la persecución política.

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