En la Legislatura buscan debatir la Ley de partidos políticos en Salta
Este martes, la Legislatura de Salta abordará en sesión ordinaria un proyecto de ley que busca modificar la Ley 6042 – Ley Orgánica de Partidos Políticos Provinciales y Agrupaciones Municipales, vigente desde 1983.
La iniciativa, presentada por un amplio grupo de diputados, entre ellos Esteban Amat Lacroix, Enzo Alabi, Luis Albeza y Carolina Ceaglio, pretende actualizar una normativa que regula aspectos fundamentales de los partidos políticos y agrupaciones municipales en la provincia.
El diputado Luis Albeza, uno de los impulsores del proyecto, explicó a Nuevo Diario la importancia de esta actualización legislativa. “La Ley 6042 fue sancionada en 1.983, por lo tanto, tiene una vigencia de más de 40 años, y es necesaria la correspondiente actualización de la misma”, subrayó. Según Albeza, el objetivo principal es modernizar el marco legal para adaptarlo a los nuevos contextos y términos jurídicos del Código Civil vigente. En este sentido, afirmó que el proyecto “utiliza términos jurídicos nuevos acorde a lo establecido en el Código Civil vigente. Se altera el orden de algunos artículos, se eliminan algunas consideraciones en desuso y se corrige la redacción en general buscando ordenar el texto sin modificar las bases establecidas ni las garantías y derechos consagrados por la constitución provincial”.
Modificaciones destacadas: doble afiliación y renuncia expresa
Una de las modificaciones más importantes propuestas en el proyecto de ley es la eliminación de la doble afiliación, es decir, la posibilidad de que un ciudadano esté afiliado tanto a un partido político provincial como a una agrupación municipal simultáneamente. “Con esta propuesta ya no se permitirá la doble afiliación de un ciudadano a una agrupación municipal y un partido político en simultáneo”, señaló Albeza. Además, el legislador destacó que la renuncia a una afiliación política deberá ser expresa y no tácita, como ocurre actualmente: “Ahora deberá mediar la renuncia expresa. Actualmente, presentando la nueva afiliación se considera que el ciudadano tácitamente renuncia a la anterior fuerza política”. Por otro lado introduce nuevas causales para inhabilitar candidatos, sumando a las ya establecidas por la Ley de Ficha Limpia. “Se agregan algunas causales para inhabilitar candidatos que se suman a las establecidas por la Ley de Ficha Limpia y sus modificaciones futuras”, añadió.
Sobre el uso de celulares en cárceles
En el orden del día de este martes en la Legislatura salteña, se encuentra el proyecto de autoría de Guillermo Durand Cornejo que promueve instituir el marco institucional y normativo para regular las comunicaciones telefónicas mediante el uso de dispositivos celulares y redes sociales por parte de los internos recluidos en cárceles provinciales.
Si bien el proyecto no tiene dictamen todavía, en diálogo con medios locales, el legislador alertó que si bien “no se conocen estadísticas oficiales o el gobierno no responde a los pedidos de informe; estoy casi seguro que la mayor cantidad de estafas provienen de las cárceles”, explicó.
“No es posible que teniendo prohibido que los presos tengan en su poder celulares, igual los tienen”, enfatizó Durand Cornejo apuntando a la necesidad de incorporar inhibidores de señales.
Para Durand Cornejo, el objeto de este proyecto es tomar medidas concretas y efectivas dentro de las cárceles de la provincia, a través de la instalación de dispositivos que inhiban o bloqueen las señales de los celulares que los internos pudieran tener en su poder. En esta línea de pensamiento existen antecedentes en la provincia Buenos Aires (expte 3.626-23) y Corrientes (expte. 17.892/23) de implementar este tipo de equipamiento en las cárceles del país. Asimismo, la provincia de Santa Fe, específicamente la Unidad Carcelaria Nº 11, de la localidad de Piñero lo está probando desde marzo del 2023, y posteriormente se instalará en la Cárcel de Flores y Coronda. “En función de todas estas circunstancias, entiendo que es necesario usar las herramientas tecnológicas a nuestro favor, para ejercer el debido control de nuestras cárceles y prevenir la delincuencia desde adentro de los establecimientos penitenciarios, sin afectar el derecho a la comunicación del que deben gozar las personas privadas de su libertad”, sostiene en su proyecto el diputado del Partido Conservador Popular.