En la Puna reclaman controles para asegurar empleo y contratación de mano de obra local
Durante una reunión con la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, la comunidad Coya de Tolar Grande solicitó mayores controles para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en torno a la contratación de mano de obra y proveedores locales por parte de los proyectos mineros que operan en la región.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, senador Miguel Calabró, y contó con la participación de sus pares Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo y Gonzalo Caro Dávalos. Por la comunidad originaria asistió el cacique Mario Alancay.
Uno de los reclamos principales giró en torno a la falta de fiscalización efectiva que permita asegurar que las empresas mineras cumplan con los compromisos de contratar personal y servicios del primer anillo de influencia. Alancay denunció que existen maniobras de cambio de domicilio de personas que figuran como residentes de Tolar Grande sin vivir realmente allí, lo que distorsiona el padrón y perjudica a los verdaderos habitantes. “Somos menos 280 pero el padrón marca más de 600, con lo cual las empresas aducen cubrir los requisitos de contratación de mano de obra o proveedores locales, quedando fuera del sistema los habitantes verdaderamente originarios”.
También expresó que los habitantes de la Puna son contratados mayormente durante la etapa de construcción de los proyectos, pero luego son desplazados cuando comienza la fase productiva. En ese sentido, reclamó una mejora en las capacitaciones ofrecidas, que actualmente son “muy básicas”.
Agregó que la mano de obra de la Puna solo se ocupa durante el periodo de construcción de cada proyecto y, luego, al momento de entrar en producción, se da de baja, planteando la necesidad de capacitación en empleos calificados. Hoy las capacitaciones que brindan las empresas son muy básicas, no como las de las escuelas de oficios, sostuvo.
Alancay aclaró que no van contra nadie, sino que piden reglas claras ya que la comunidad tiene desarrollada una red de proveedores y es consciente de la necesidad de unión para constituir UTES que puedan proveer bienes y servicios.
Optimizar leyes vigentes
El senador Salva avaló la necesidad de capacitación de la mano de obra local, admitiendo que la mayoría del recurso humano lo constituyen albañiles, ayudantes o soldadores que, si bien son ocupados en la fase de construcción, quedan sin trabajo cuando comienza la etapa de producción.
En la misma línea, el senador Caro Dávalos sostuvo la necesidad de generar políticas que permitan llevar adelante un control efectivo de la actividad minera.
Calabró planteó la necesidad de avanzar en la modificación de la Ley de Promoción Minera, fijando ítems que lleven a su perfeccionamiento, como el agregado de años mínimos de residencia, por ejemplo. También reiteró que las sanciones por incumplimiento no deben ser monetarias solamente.
Aclaró que la idea del Ejecutivo y del Senado es acompañar a la minería, pero que las empresas deben ser sustentables, respetar a la gente y dejar un plus para que el desarrollo local prosiga dentro de 40 años cuando concluyan sus operaciones.
Sobre el pedido de fiscalizaciones reiteró que existe un anuncio de construcción de un centro de control en el cruce de la RN51 y la RP27, donde intervendrán las secretarías de Minería, Trabajo, Recursos Hídricos y Medio Ambiente.
Finalmente, el senador Carrizo adelantó que las próximas reuniones se enfocarán en el fortalecimiento de los mecanismos de control, con participación de la Sindicatura General y el Ministerio de Seguridad.