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En Rosario de la Frontera cuestionan a la titular del C.D. por contrataciones irregulares

La presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, Carmen Páez, se encuentra en el centro de una controversia debido a la contratación de servicios vinculados a su esposo.

La concejala Valeria Orozco ha solicitado un informe sobre los pagos realizados a Gabriel Rojas, pareja de Páez, quien habría cobrado alrededor de 1.717.000 pesos entre abril y octubre de 2024 por servicios de reparación de máquinas, programación y creación de una página web oficial del Concejo. Inquietudes sobre la legitimidad del contrato. En diálogo con Nuevo Diario, Valeria Orozco explicó que desde el Concejo solicitaron claridad respecto a esta relación laboral, ya que “se nos informó inicialmente que las tareas realizadas eran gratuitas”. Sin embargo, más tarde surgieron facturas emitidas a nombre de Rojas, quien utiliza el CUIT de la municipalidad debido a la falta de presupuesto propio del Concejo. Esta situación, según la edil, genera inquietud sobre la transparencia y el cumplimiento ético en la contratación de servicios.

Posible conflicto de interés

La concejala manifestó que, si bien no existe una prohibición explícita en el reglamento para que el esposo de la presidenta sea proveedor, considera que “la relación tan cercana es cuestionable y poco ética”. Este caso, que ya ha generado controversia en redes sociales y entre la comunidad, plantea el riesgo de una sanción, en caso de comprobarse un incumplimiento del reglamento interno. “Queremos garantizar que se ponga fin a prácticas de amiguismo y posibles beneficios personales dentro del ámbito municipal”, declaró Orozco.

Pedido de transparencia y posibles sanciones

De acuerdo con las normas del Concejo, el uso de los recursos debe cumplir con estrictos requisitos de transparencia. La concejala Orozco, junto a sus pares, insistirá en la obtención de una respuesta clara y pública del municipio sobre los servicios supuestamente prestados por Rojas, destacando que, de probarse un incumplimiento, “correspondería que el cuerpo de concejales tome las medidas necesarias, incluso la destitución, en caso de que se comprueben faltas graves”, concluyó.

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