“En Salta, se mantiene el orden a fuerza de represión”, aseguran desde Derechos Humanos
Miguel Velardez, Jefe de Prensa de la Policía de Salta, se refirió a los procedimientos que realizan ante denuncias civiles e internas a los efectivos policiales a raíz de las más de 1.300 denuncias informadas hasta la fecha.
En el caso de denuncias internas, aludió que los protocolos lógicos son los traslados o las licencias de una de las partes implicadas. En tanto, referentes de Derechos Humanos de Salta apuntan a la “continuidad de un régimen político y social que mantiene el orden a fuerza de represión”.
Miguel Velardez indicó a Nuevo Diario que en la institución policial hay un régimen disciplinario, donde se indica que hay una investigación administrativa para cada una de las denuncias que existan a policías o por cuestiones que tengan que ver con la misma función policial.
Además, se da intervención al Ministerio Público Fiscal para que intervenga la fiscalía correspondiente y desde las fuerzas se colabora con todo elemento de prueba que se solicite para el hecho.
Interviene también la Dirección General de Recursos Humanos, que cuenta con una dirección de investigaciones administrativas y que en la mayoría de los casos va de la mano con la Fiscalía de Derechos Humanos.
El Ministerio de Seguridad y Justicia también aborda la situación a través de la oficina de asuntos internos, dirigida en su mayoría por civiles.
"Nuestra legislación interna tiene los elementos necesarios para reprimir, de alguna forma, la conducta que se pueda detectar. Puede ir desde días de arrestos, suspensiones y la disgregación de la fuerza", dijo y remarcó que no es necesario tener una condena judicial para llevar adelante las cuestiones administrativas. Las faltas se regulan en leves (que puede llevar desde un apercibimiento verbal hasta días de arresto) y en graves (que pueden implicar una segregación o una exoneración).
Expectativa versus realidad
La reconocida militante de Derechos Humanos Raquel Adet también se expresó en relación a la investigación de Nuevo Diario y señaló duramente a la gestión actual de la cartera de Seguridad: “no me sorprende para nada el informe de Nuevo Diario, porque el ministro de seguridad Abel Cornejo, quien llegó presentándose como un funcionario progresista, democrático y respetuoso de los derechos humanos, no modificó nada. Todo eso fue puro discurso. Lo que hizo fue preservar el sistema represivo, que en su gestión continuó funcionando a pleno, como continuó la impunidad”, señaló.
Asimismo, Adet puntualizó en “el gatillo fácil, como el que provocó la muerte de un vecino de la zona oeste en octubre de este año, y siguen las torturas y vejaciones en las comisarías, como las que provocaron la muerte de Franco Centurión, un paciente oncológico que murió en Tartagal tras ser golpeado por policías. Y sigue el armado de causas, como la que le hicieron a Luciano Cruz, el joven de 19 años que quedó ciego por las balas de goma que recibió en los ojos en 2020 y que en agosto de este año fue detenido por una causa armada por la policía”, y recordó también la muerte de tres internos bajo custodia del servicio penitenciario, la absolución de los policías involucrados en los conflictos de los asentamientos San Calixto y Parque La Vega, el reciente desalojo violento a comunidades originarias en Colonia Santa Rosa, además de “la persecución a manteros y vendedores ambulantes”.
“El gobierno de Sáenz y sus ministros siguen utilizando la violencia policial para gestionar los conflictos sociales. Próximos a cumplir 40 años de democracia tanto en la provincia como en el país las violaciones a los derechos humanos se repiten cotidianamente porque la policía nunca fue democratizada. Sigue funcionando como el sostén de un régimen político y social que mantiene el “orden” a fuerza de represión”, concluyó.