Entregaron a la Justicia 105.000 escuchas de la gestión de Macri
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño puso a disposición este miércoles de la Justicia 105.000 archivos de audios de escuchas resguardados en el organismo.
Estos audios fueron obtenidos durante el macrismo entre 2.016 y 2.019, en presunta violación a la Ley de Inteligencia.
"Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por entonces Mauricio Macri
Cristina Caamaño entregó un escrito al actual juez que lleva la causa por "espionaje ilegal" que hasta el año pasado se investigó en Lomas de Zamora, Marcelo Martínez De Giorgi. En ese escrito, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió que "puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI) Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia". Esto implicaría una "flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria Ley N° 27.126", se agregó en relación a la Ley de Inteligencia. La existencia de esos archivos había sido informada por la AFI a la justicia de Lomas de Zamora, pero nunca fueron solicitados, pese a que están preservados y "a entera disposición a efectos de coadyuvar en la presente pesquisa", se explicó ahora a Martínez De Giorgi. "Es preciso resaltar que la información que se ordenó resguardar forma parte de un procedimiento gestionado enteramente por las máximas autoridades de este Organismo entre los años 2.016 y 2.019", se destacó en el escrito. A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI "se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones". Denuncia a Michetti La ex vicepresidenta Gabriela Michetti y la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, fueron denunciadas este miércoles por supuesto "tráfico de influencias" en los tribunales federales de Retiro, a raíz de los mensajes en los que se aludió a la situación de un denunciado por ese organismo. La denuncia en cuestión fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, fue sorteada y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, informaron fuentes judiciales. En su presentación se alude a un posible delito cometido en el marco del artículo 256 BIS del Código Penal, segundo párrafo, que dispone pena para quien "por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público.