Este jueves se promulgó en el Boletín Oficial de la provincia la Ley Nº 8.479, que establece el presupuesto general de la provincia para el ejercicio fiscal 2025, consolidando un gasto total de $3.171.077.268.122 y proyectando un ingreso de $3.182.127.555.226.
Este marco financiero deja un superávit estimado de $11.050.287.104, reflejando un compromiso con la responsabilidad fiscal y la eficiencia en la administración pública. El presupuesto, cuidadosamente estructurado, busca atender las necesidades de la población, impulsar la infraestructura y contener el gasto público en un contexto económico complejo.
Estructura del gasto público
El gasto total se distribuye en $2.849.556.159.994 destinados a gastos corrientes y $321.521.108.128 para gastos de capital. La Administración Central absorbe la mayor parte del presupuesto, con $2.982.590.641.879, mientras que los organismos descentralizados cuentan con $188.486.626.243. Estas cifras destacan la prioridad del gobierno en mantener los servicios esenciales y, a la vez, financiar proyectos de infraestructura clave para el desarrollo provincial. En cuanto a los recursos, el presupuesto prevé $3.108.599.933.044 provenientes de ingresos corrientes y $73.527.622.182 de recursos de capital, siendo la Administración Central responsable de la mayor recaudación. Este diseño asegura la estabilidad del flujo financiero para el ejercicio fiscal. Inversiones estratégicas y fuentes financieras.
Un elemento central del presupuesto es el enfoque en las inversiones estratégicas, para las cuales se asignaron $147.663.259.854 en fuentes financieras. Estas partidas estarán destinadas a proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios críticos. El Poder Ejecutivo está facultado para gestionar endeudamientos bajo estrictos límites de responsabilidad fiscal establecidos por la Ley Nacional 25.917 y la Constitución Provincial. Asimismo, el presupuesto autoriza la reestructuración de deudas con el objetivo de optimizar las condiciones financieras y mejorar el perfil de la deuda pública.
Participación municipal y recursos naturales
La ley fortalece la descentralización fiscal al garantizar la transferencia de recursos a los municipios. Las comunas recibirán el 20% de la recaudación por canon minero, regalías petrolíferas y gasíferas, y un 40% de las regalías hidroeléctricas, distribuidos en función de la localización y el grado de afectación de los municipios. Además, se coparticipará el 50% de los ingresos obtenidos por la explotación de inmuebles rurales de propiedad estatal. Estas medidas buscan equilibrar el desarrollo local y atender las necesidades de las comunidades afectadas por actividades extractivas.
Planta de personal y horas cátedra
El presupuesto fija la planta de personal consolidada en 60.256 cargos, incluidos permanentes y transitorios, mientras que los organismos autárquicos y empresas estatales suman 6.431 cargos adicionales. Asimismo, se destinan 234.300 horas cátedra a los niveles medio y superior, reflejando el compromiso con la educación pública. Se establecen restricciones para nuevas contrataciones, salvo casos excepcionales, y las remuneraciones de los directivos no podrán superar los ingresos de un ministro del Poder Ejecutivo.
Transparencia y ajustes dinámicos
La ley introduce rigurosos mecanismos de control para garantizar la transparencia en la ejecución presupuestaria. Todas las modificaciones en los créditos presupuestarios deberán ser notificadas a la Legislatura dentro de un plazo de diez días, asegurando un seguimiento constante por parte de los órganos de control. Además, el presupuesto se ajustará dinámicamente en función de los recursos efectivamente recaudados, permitiendo flexibilidad ante variaciones económicas.
Promoción de la actividad económica
El Régimen de Promoción Minera es uno de los puntos destacados del presupuesto, con un fondo especial constituido por regalías mineras y otros recursos específicos. Este régimen, junto con la asignación de beneficios fiscales por $300 millones, busca incentivar actividades industriales, turísticas, culturales, energéticas y tecnológicas. La ley también establece un límite de $400 millones para exenciones impositivas, asegurando que estas herramientas de promoción no comprometan las finanzas provinciales.
Contención fiscal y sostenibilidad
En línea con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, la normativa prohíbe la creación de nuevos cargos en organismos autárquicos y empresas estatales, salvo excepciones justificadas. Asimismo, se promueve un uso eficiente de los recursos propios de los organismos públicos, priorizando su aplicación en la cobertura de gastos esenciales. Un compromiso con el desarrollo equilibrado.
Al priorizar la infraestructura, fortalecer las capacidades locales y promover actividades económicas estratégicas, Salta se posiciona para enfrentar los desafíos futuros sin comprometer su estabilidad financiera.