España prohibió los desalojos hasta 2030 y garantizó la prórroga automática de los alquileres
Pese a las críticas del arco opositor, el gobierno de Pedro Sánchez en España pactó con sus aliados y los grupos que acamparon en la Puerta del Sol para reclamar acceso asequible a la vivienda. Las medidas sobre el alquiler español deben ser aprobadas por el Congreso. Además, Madrid exige el desalojo del acampe en 48 horas.
Tras las horas de negociación entre PSOE y Sumar, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que contiene la medida de la renovación automática de los contratos que lleva desde el viernes exigiendo el Sindicatos de Inquilinas. El otro decreto sobre vivienda que también ha aprobado este martes el Gobierno incluye el resto de medidas acordadas con los grupos, incluida la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras de los fondos buitre hasta 2028 y de los desahucios hasta 2030. Sira Rego, la ministra de Vivienda, ha detallado las medidas y ha celebrado este acuerdo que demuestra que “el sufrimiento de Maricarmen” ha tenido un efecto.
Esta mañana, horas antes de conocerse el resultado del Consejo de Ministros, la líder de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado que su partido no está de acuerdo con las últimas exigencias de Sumar. Consideran que la renovación automática pone en riesgo a los pequeños propietarios. Este viernes se resolverá definitivamente su futuro. El Gobierno ha convocado un pleno extraordinario para llevar a cabo la votación. Salvo giro de los acontecimientos, PP y Vox se opondrán, mientras que la postura de Junts es la que decantará la balanza. La ruptura en dos partes abre el escenario de que apoye el del resto de medidas y no la prórroga de los alquileres.
Reacción en la acampada
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha condicionado su respaldo al Gobierno a la aprobación íntegra del denominado “decreto Maricarmen” en una sola norma, lo que ya parece descartado. Su portavoz, Valeria Racu, ha advertido de que dividir las medidas o introducir cambios supondría aprobar “un decreto farsa”.
Durante la protesta, Racu ha defendido que la presión en la calle busca influir en la negociación política sobre vivienda. “Le estamos echando un pulso histórico al Gobierno”, ha dicho, antes de sostener que “el pueblo manda”.
El colectivo todavía no ha decidido si mantendrá la acampada hasta el viernes, cuando el Congreso prevé votar la convalidación de los decretos. “Hasta que no veamos la letra pequeña del texto, no decidiremos si seguiremos aquí”, ha sentenciado.
“Más allá del texto que veamos mañana, esto continúa, esto solo acaba de empezar. Esto va de mucho más que una acampada”, ha afirmado. También ha cargado contra las políticas que, a su juicio, benefician a los propietarios. “No vamos a dejar que políticos corruptos le hagan favores al rentismo”, ha defendido.
Fuente: Infobae