Especialistas advierten que la reforma laboral avanza sobre derechos constitucionales

El abogado laboralista y ex presidente del Colegio de Abogados de Salta, Pedro Burgos, cuestionó el contenido y la forma en que el Gobierno nacional impulsa una nueva reforma laboral, al advertir que “se está avanzando sobre derechos constitucionales esenciales” sin convocar a un diálogo amplio con los sectores involucrados.

En declaraciones al periodista Héctor Alí, Burgos —quien también preside la Fundación Fides, dedicada al estudio del derecho social del trabajo— recordó que la denominada Ley Bases, sancionada en julio de 2024, ya había introducido cambios profundos en la legislación laboral argentina.

Entre ellos, mencionó la extensión del período de prueba de tres a seis meses y la creación del fondo de cese laboral, una figura que, según explicó, “no tuvo aplicación práctica ni aportó beneficios reales”.

“Ese fondo fue pensado como una alternativa a las indemnizaciones, pero no lo aplicó nadie —ni los sindicatos ni las empresas—, porque no conviene a ninguna de las dos partes. Al empleador le impone un costo adicional del 10 o 12% mensual sobre toda la nómina salarial, y al trabajador le reduce el monto indemnizatorio. Ninguna herramienta que aumente costos puede fomentar el empleo”, explicó Burgos.

El especialista recordó además que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado en diciembre de ese año, había intentado avanzar en una flexibilización del régimen laboral, aunque su aplicación fue suspendida por la Cámara Nacional del Trabajo.

“Esa medida fue frenada en todo el país, salvo algunos artículos que luego se incorporaron a la Ley Bases mediante el proceso legislativo formal”, puntualizó.

Eliminación de indemnizaciones agravadas y respuesta judicial

Burgos detalló que una de las modificaciones más regresivas de la Ley Bases fue la eliminación de las indemnizaciones agravadas para trabajadores no registrados, que antes podían reclamar un monto adicional por ese perjuicio.

“El gobierno creyó que, al eliminar esas indemnizaciones, nadie reclamaría. Pero la doctrina laboralista respondió con fuerza, y hoy existen fallos en distintas provincias que reconocen el daño y perjuicio desde el derecho civil, aplicado al ámbito laboral”, explicó.

Según el especialista, esos fallos comienzan a reparar situaciones concretas en las que el trabajador careció de cobertura social, obra social o beneficios sindicales por no estar formalmente registrado. “Hay casos donde las indemnizaciones por daño y perjuicio superan las previstas por antigüedad. En algunos fallos se fijan compensaciones equivalentes a ocho salarios para trabajadores con cinco o seis años de servicio”, precisó.

La justicia como último freno

Burgos insistió en que los tribunales laborales están llamados a poner límites frente a las reformas que vulneren el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del trabajo y la indemnización frente al despido arbitrario. “Por más modificaciones que haya, la justicia va a poner en claro esta situación. El último freno será el Poder Judicial, porque la Constitución sigue siendo el resguardo fundamental del derecho del trabajo”, subrayó.

En esa línea, explicó que los abogados laboralistas ya analizan posibles declaraciones de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en caso de aprobarse una reforma que contradiga tratados internacionales asumidos por la Argentina.

“Si una norma nacional se opone a una convención internacional que protege los derechos laborales, los jueces pueden decidir no aplicarla”, aclaró.

Falta de diálogo

Burgos también cuestionó el modo en que se está elaborando el nuevo proyecto de reforma, sin transparencia ni debate formal.

Según sostuvo, gran parte de las ideas surgen de equipos técnicos externos al Congreso, vinculados al denominado “Consejo de Mayo” o a la Universidad de San Andrés.

“Parece que lanzan propuestas a los medios para medir la reacción social, sin abrir un debate con los sindicatos ni con las provincias. No se puede reformar el derecho del trabajo por trascendidos o borradores sin autoría”, señaló.

Modernizar sin flexibilizar

El ex presidente del Colegio de Abogados distinguió entre modernizar y flexibilizar el mercado laboral. “Podemos modernizar herramientas o modalidades de trabajo, incorporar tecnología o nuevas formas de contratación. Pero flexibilizar significa reducir derechos, y eso no puede aceptarse”, advirtió.

También remarcó la necesidad de un Estado activo en la generación de empleo registrado, mediante incentivos fiscales y reducción de cargas sociales para nuevos empleadores. “Hubo programas que disminuían aportes por un tiempo determinado, y eso ayudó a formalizar trabajo. Las herramientas existen, pero deben usarse para mejorar la calidad del empleo, no para precarizarlo”, sostuvo.

Por último, Burgos enfatizó que la defensa del derecho laboral exige unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.