En respuesta a la reciente publicación del portal Cuarto Poder, que expuso a Elisabet Magdalena Valerio, esposa del actual intendente de Iruya, Eugenio Herrera, como beneficiaria de una pensión por discapacidad “sin presentar limitaciones físicas evidentes”, la Municipalidad de Iruya emitió un comunicado oficial en el que aclara los hechos y denuncia una campaña de difamación impulsada por sectores opositores.
La información original, que se viralizó durante el fin de semana largo, generó indignación en redes sociales y entre vecinos del municipio, en medio del contexto de recortes en políticas sociales y la polémica por las auditorías del Gobierno Nacional sobre las pensiones no contributivas por discapacidad. Las críticas apuntaron a un supuesto uso indebido del beneficio, insinuando privilegios por vínculos políticos.
El diagnóstico y la documentación
En su derecho a réplica, Valerio asegura que padece hipoacusia desde su niñez, una discapacidad auditiva que reduce significativamente su capacidad de oír, comprender y comunicarse. Según el documento firmado por autoridades municipales, esta condición figura en su historia clínica y ha sido debidamente certificada ante los organismos competentes. “En el año 2017 tramitó ante ANSES el expediente Nº 041273086325180550000001, donde fue otorgada dicha pensión, la que se basa en la inclusión social, el respeto y la autonomía de la persona que tiene una discapacidad”, indica el comunicado oficial. Además, se adjuntaron estudios de audiometría y certificados médicos actualizados, que, según la familia, son renovados anualmente conforme a los requerimientos del sistema.
“La discriminación, otra vez, se hace presente”
La familia Herrera-Valerio lamentó lo que calificaron como una difusión malintencionada de información privada con fines electorales. “Es lamentable que utilicen datos fuera de contexto para perjudicar a una persona”, señala el escrito, que también pide educar a la sociedad sobre la hipoacusia y las barreras que enfrentan quienes viven con esta discapacidad.
En el mismo sentido, el comunicado llama a “superar la discriminación hacia personas con hipoacusia” y promover una sociedad más inclusiva, con acceso a recursos y oportunidades para todos. “Juntos podemos trabajar hacia un futuro más inclusivo y accesible”, concluye.
Avanzan las gestiones de provincia por las auditorías por discapacidad
El senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler, anunció esta semana que las auditorías para la renovación de pensiones por discapacidad serán realizadas por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Salud Pública. El anuncio marca un giro en el procedimiento que hasta ahora venía ejecutando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en todo el país, mediante auditorías centralizadas y tercerizadas en entidades privadas.
Durante una sesión de la Cámara de Senadores, Pailler explicó que las nuevas auditorías se realizarán de manera regionalizada en hospitales y centros de salud cercanos a los beneficiarios. “En casos puntuales se trasladará a las personas para estudios más complejos”, indicó. El senador tartagalense, quien también preside la Comisión de Salud en la Cámara Alta, afirmó que la medida fue autorizada por el ministro Federico Mangione, actualmente en Buenos Aires, quien le pidió que lo comunicara públicamente.
Las auditorías abarcarán inicialmente los departamentos de San Martín y Rivadavia, dos regiones que recientemente habían pedido la suspensión del proceso debido a los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, situación que dificultó la movilidad de las comunidades afectadas. Organizaciones de la Ruta Nacional 86 también presentaron reclamos ante Anses Tartagal, entregando un acta firmada por caciques y referentes que fue elevada a Nación.
Actualmente, a nivel nacional, la ANDIS lleva adelante auditorías en todo el país con el soporte logístico del PAMI, por ser la única red prestacional con alcance territorial suficiente. En Salta, médicos locales pertenecientes a esta red —ya sea desde consultorios independientes, instituciones como el IMAC o el sistema público— están ejecutando las auditorías.
En ese marco, el Ministerio de Salud Pública de Salta emitió un comunicado aclarando que no participa de las auditorías impulsadas por Nación. Indicaron que la empresa privada “Los Lapachos” es la única entidad encargada de definir la metodología, los lugares y el cronograma de revisión de los casos. Además, señalaron que el Ministerio solo facilitó espacios físicos para que los médicos auditores puedan cumplir su tarea, pero sin intervención directa de la cartera sanitaria provincial.
Desde el Gobierno salteño también recomendaron a los ciudadanos que deban someterse a una auditoría, presentar toda la documentación médica existente y no realizar nuevos estudios hasta que lo indique el profesional designado por la empresa auditora.
La situación generó malestar entre los beneficiarios y sus familias, quienes temen perder un derecho adquirido por razones meramente burocráticas. La intervención de la Provincia en San Martín y Rivadavia podría ser un paso hacia una solución más humana y cercana para quienes más lo necesitan.
Cuestionamientos a la participación de empresas privadas en las auditorías
El uso de empresas privadas en un proceso tan sensible como el de las auditorías de discapacidad, ha despertado fuertes críticas en distintos sectores. Organizaciones de derechos humanos, legisladores y familias afectadas advierten sobre la falta de transparencia, los potenciales conflictos de interés y la deshumanización del proceso.
En Salta, la empresa “Los Lapachos” fue contratada por Nación para organizar los operativos de auditoría, de forma similar a su intervención en la provincia de Jujuy. En paralelo, instituciones privadas como el IMAC —dirigida por Saavedra y Faila— también están involucradas en la organización de auditorías a través de la red prestacional del PAMI.
La principal preocupación radica en que muchos beneficiarios han sido notificados para asistir a consultorios privados, sin información clara sobre sus derechos ni sobre los procedimientos a seguir. Esto ha implicado, en muchos casos, que las personas con discapacidad deban costear traslados o estudios adicionales, lo que representa una carga económica injusta para un sector ya vulnerabilizado. “Se está auditando la pobreza, no la discapacidad”, expresó un familiar afectado en una asamblea local.
Legisladores como Dantur señalaron que el Estado debe garantizar que las auditorías se hagan en hospitales públicos, con presencia institucional, y con un enfoque que priorice el respeto y los derechos de las personas con discapacidad.
Otras graves denuncias
En medio del debate nacional por la cantidad de pensiones por invalidez que podrían haberse otorgado de manera irregular, el gerente del Hospital del Carmen de Metán, Dr. Pedro Samsón, lanzó una dura crítica que no pasó desapercibida: culpó directamente a sus colegas médicos por la situación.
“En realidad, son los responsables los médicos que la firman”, dijo sin rodeos en una entrevista en el programa El Bueno y El Malo, al referirse a las certificaciones que habilitan este tipo de beneficios.
El profesional fue más allá y citó un dato llamativo: “El Quebrachal es la localidad argentina con más incapaces. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas”, expresó, reforzando su señalamiento sobre la responsabilidad de quienes avalan las condiciones de salud que justifican el cobro de estas pensiones.