Estafa piramidal multimillonaria de más de $ 2.700 millones, involucra a penitenciarios
Una investigación judicial por presuntas estafas bajo la modalidad de esquema piramidal se abrió en el Servicio Penitenciario.
La causa, que tiene como principal acusado a un cabo primero que se desempeñaba en el área de Administración, habría movilizado más de 2.700 millones de pesos y alcanzaría a más de un centenar de efectivos de la fuerza.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó siete allanamientos simultáneos en Cerrillos.
Los procedimientos estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con apoyo de personal de UDEC; participaron 33 efectivos, y se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación relevante para la causa y $1.317.000 en efectivo. Además, se dispuso la inmovilización de 15 cuentas bancarias vinculadas al principal investigado y a la plataforma Cocos, a la cual se habrían transferido alrededor de 120 millones de pesos. Según la investigación, el acusado ofrecía a colegas y a otros integrantes de fuerzas de seguridad un supuesto sistema de inversiones que prometía rendimientos mensuales de entre el 10% y el 15%, sin monto mínimo de ingreso y con la posibilidad de realizar retiros parciales. El esquema, habría funcionado desde la pandemia y sostenido inicialmente mediante pagos parciales que reforzaban la confianza de los aportantes. Con el paso de los meses, comenzaron las demoras, los pedidos de prórroga y las transferencias a través de cuentas de terceros, hasta que finalmente cesaron casi por completo las respuestas del denunciado. Varias víctimas relataron haber realizado aportes millonarios sin lograr recuperar su dinero, entre ellas agentes penitenciarias y personal de seguridad, con montos que superan los 24 millones de pesos en algunos casos. El análisis de movimientos bancarios permitió detectar al menos 409 operaciones concentradas en tres billeteras virtuales —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado no menos de 22 cuentas. En total, el dinero movilizado superaría los $2.702 millones. Además de los efectivos penitenciarios, se identificaron transferencias realizadas por ex internos, personas registradas como visitas y terceros ajenos a la institución. La fiscalía también investiga el envío de más de 120 millones de pesos a Cocos Capital SA, maniobra que habría sido utilizada para simular inversiones reales y otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero. La evidencia sugiere la existencia de una estructura interna dentro del Servicio Penitenciario, con funcionarios que habrían cumplido roles activos en la captación y canalización de fondos, aprovechando los vínculos laborales y la confianza entre compañeros. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el esquema se habría organizado en tres niveles: el presunto organizador, vinculado a áreas administrativas; un grupo reducido de agentes que actuaban como intermediarios o captadores; y una amplia base de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos. La maniobra, desarrollada dentro del ámbito institucional, podría agravar la situación penal al implicar un eventual abuso de cargo y de la confianza profesional.