Exigen comisión de disciplina tras la denuncia por violencia de género contra concejal de LLA
Otro escándalo mantiene al Concejo Deliberante capitalino como epicentro de la polémica tras una nueva denuncia por violencia de género contra otro edil de La Libertad Avanza, Carlos Maximiliano Casasola.
Con este contexto, concejales reclamaron la conformación urgente de una comisión de disciplina y cuestionaron el descargo del concejal, que habló de “linchamiento mediático” y denunció una operación política.
¿Juicio político?
La concejala Malvina Gareca, del bloque Pulso Colectivo, fue una de las primeras en referirse al tema y planteó con claridad la necesidad de una respuesta institucional. En su intervención sostuvo que el Concejo no puede desentenderse de hechos que afectan la confianza pública en la representación política.
La edila remarcó que el escándalo vuelve a colocar al cuerpo deliberativo en el centro de la escena por un caso de violencia de género que involucra a un edil en ejercicio. En ese contexto, solicitó formalmente la conformación de la Comisión de Disciplina para analizar el caso y el posible juicio político a Casasola.
Gareca sostuvo que quienes ocupan una banca deben estar a la altura del mandato ciudadano y advirtió que la coherencia ética debe empezar dentro de la propia institución.
También reclamó que la Justicia avance con rapidez en las causas que involucran a concejales, en referencia tanto a la denuncia contra Casasola como al antecedente reciente del concejal Pablo López, también perteneciente a La Libertad Avanza.
Además, planteó una preocupación que atraviesa históricamente la participación política de las mujeres: la revictimización.
El particular descargo
El propio Maximiliano Casasola tomó la palabra durante la sesión para leer su rechazo a las acusaciones. El concejal ase guró ser víctima de una “campaña de desprestigio” y de un “linchamiento mediático”, al tiempo que afirmó que también presentó una denuncia contra su ex pareja. Sostuvo que, en la sociedad actual la violencia “parece tener un solo sentido” y los hombres quedarían ex-puestos a medidas cautelares sin posibilidad de defensa. El edil también cuestionó la difusión pública de la denuncia y afirmó que su vida privada está siendo utilizada como un “arma política”.
En su exposición evitó referirse al contenido específico de la causa y aseguró que no ventilaría detalles para no darle entidad a “los chimentos”, entre las expresiones más singulares para su defensa. También señaló que continuará en su cargo y que su compromiso político “seguirá intacto”.
Reacciones
La concejala Laura García, del bloque Vamos Salta, fue una de las voces más críticas. En su intervención afirmó que esperaba un gesto de responsabilidad por parte de Casasola. “Pensé que iba a tener un poco de dignidad, que iba a pedir disculpas o renunciar”, expresó. También cuestionó el silencio del bloque libertario en el recinto frente a las acusaciones.
La concejala Eliana Chuchuy, del bloque Por Salta, lamentó que el inicio del período legislativo esté nuevamente atravesado por un escándalo vinculado a violencia de género. Sostuvo que cuando una mujer denuncia, el hecho no puede reducirse a rumores o “chimentos”, como lo sugirió el descargo del concejal.
Advirtió que no se trata de hechos aislados y señaló que la reiteración de situaciones dentro del mismo espacio político genera preocupación institucional.
El concejal Gustavo Farquharson cuestionó las afirmaciones de Casasola respecto de las denuncias de violencia. Recordó que la violencia de género es una de las problemáticas más graves que atraviesan Argentina y Salta, con altos índices de femicidios, y señaló que relativizar las denuncias implica desconocer esa realidad. También advirtió que cuando el Estado no escucha a las mujeres, las consecuencias pueden ser irreparables.
Algunos libertarios piensan en su expulsión
La sesión en la que se analizó la situación del concejal Maximiliano Casasola abrió una fuerte grieta interna en La Libertad Avanza. Una vez finalizado el debate, el edil Rodrigo Quinteros -quien semanas atrás había minimizado las denuncias- cambió el tono y lanzó duras críticas hacia la conducción del espacio. “Me parece muy aberrante y muy grave lo que denuncia la víctima; de todas formas, yo no soy autoridad del partido, no tengo autoridad sobre la expulsión de Casasola”, afirmó en primer término. Sin embargo, cuestionó abiertamente a las máximas referencias provinciales: “Me llama la atención que todavía las autoridades no lo hayan expulsado del partido”, señaló, apuntando directamente contra Emilia Orozco y Alfredo Olmedo. “Me llama la atención que todavía no se hayan expresado”, insistió. En esa línea, Quinteros admitió que la situación impacta de lleno. “A título personal me parece una mancha que no podemos tolerar después de haber pasado lo que pasamos con Pablo López“, expresó y cerró: “Uno se apena mucho por la gente que nos votó”.
En los últimos años, el cuerpo legislativo atravesó distintos escándalos que afectaron su credibilidad institucional. Entre ellos se encuentra el caso del concejal Miguel “Pitu” Colque, denunciado por violencia de género por su ex pareja y posteriormente condenado a seis meses de prisión en suspenso, situación que derivó en su expulsión del espacio político Salta Independiente. Estos antecedentes alimentan el debate sobre los mecanismos de control institucional y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos públicos.