Exigen se cumpla la sentencia que obliga el saneamiento del Río Arenales
Por FM Ya (91.3 Mhz), Pedro Arancibia, abogado de vecinos del Río Arenales dijo que solicitó a la justicia haga cumplir la sentencia dictada en 2018 que obliga a Provincia y Municipio a ejecutar un plan de saneamiento, contingencia y monitoreo de la contaminación de ese cause. Nunca se ejecutaron pese al fallo.
En 2018 la Corte de Justicia de Salta emitió una sentencia favorable a los vecinos de barrios aledaños al Río Arenales, que a través de un amparo colectivo denunciaron la contaminación del río y la necesidad de contar con infraestructura que evite posibles desbordes del cauce del agua en las comunidades vecinales de la costanera.
Este fallo establecía que los demandado (Municipalidad de Salta, Gobierno de la Provincia y Aguas del Norte) debían establecer un Plan de Saneamiento del Río, un Plan de Contingencia ante posibles desastres naturales y un Plan de Monitoreo de la contaminación de las aguas.
Según dijo Arancibia en el programa Hora de Voces los planes “al día de hoy están sin cumplirse”.
El abogado recurrió al juez de la Cámara Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, para solicitar que se tomen medidas para que la sentencia sea ejecutada. Sin embargo pese a las presentaciones realizadas, no hubo acciones dispuestas por el juzgado.
El hecho tomo relevancia cuando hace semanas se dio a conocer la contaminación que se vertía de aguas hervidas por un caño roto en Barrio Santa Lucia de manera directa en el Arenales.
En este sentido, Arancibia cuestionó a la existente (en papeles) Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento, creada por decreto en 2011 y conformada por funcionarios de áreas provinciales y municipales.
“La Unidad Ejecutora debería ser el organismo que realice la implementación de ese plan, porque está compuesto por funcionarios que son de cargos que son importantes. Como no les pagan no se juntan, y como no les interesa, recién cuando la justicia aprieta un poquito se juntan para ver que hacer”, reflexionó el abogado.
La unidad debía tener la función de rencausar el río para evitar inundaciones en las zonas aledañas y vigilar la contaminación del cauce. Sin embargo según reclama Arancibia, desde hace bastante tiempo que este organismo no se junta.
Arancibia sostuvo que desde el Ministerio Público Fiscal se debería actuar de oficio e imputar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los miembros de esta unidad y a aquellos funcionarios provinciales que no hacen cumplir la sentencia judicial del 2018.
“Como puede ser que exista una sentencia judicial y que no se cumpla”, sentenció el letrado.