Fernando, el ex policía con cáncer a quien el IPS le niega el tratamiento
Fernando Ramón Domínguez sirvió durante 25 años como agente de la Policía de Salta. Hoy, retirado y con un diagnóstico devastador, de cáncer renal con metástasis en los huesos, enfrenta una doble batalla: contra una enfermedad letal y contra la indiferencia del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), que hasta el momento le niega el tratamiento oncológico indispensable para vivir.
Según publica el portal Diario Info Salta, a Fernando le confirmaron el diagnóstico el pasado 11 de febrero. Un mes después, fue sometido a una cirugía para extirparle un riñón, paso previo a un tratamiento de quimioterapia que debía comenzar de inmediato. Sin embargo, a más de 60 días de la intervención, aún no recibe la medicación que podría frenar el avance del cáncer. “La primera sesión de quimio estaba programada para el 9 de abril. Nunca se realizó. El oncólogo le indicó dos medicamentos, pero el IPS autorizó solo uno. Después nos pidieron más papeles. Ya entregamos la historia clínica, la biopsia, los estudios… ¿Qué más necesitan? ¿Están esperando que se muera?”, expresó su esposa, Mariela, con desesperación.
“Fernando quiere vivir. El cáncer no espera”
Fernando tiene 58 años, cuatro hijos —el menor cursando el último año del secundario— y dos nietos. Su familia, que lo acompaña cada día en la lucha, no encuentra consuelo ante la falta de respuestas de un sistema que parece darles la espalda. Los trámites burocráticos no solo dilatan la atención médica, sino que se tornan cada vez más crueles. El expediente de Fernando fue enviado sin explicación a Chaco y, actualmente, está bajo la órbita de la Gerencia del IPS en Salta, donde, según le informaron, “no se firman papeles los lunes”.
“Me dijeron que vuelva el martes o el miércoles. ¿Cómo le explico eso a Fernando? ¿Que no puede vivir porque no es un buen día para firmar?”, lamenta Mariela, quien cada día visita las oficinas del IPS para exigir que se actúe.
Un tratamiento inaccesible sin cobertura
El tratamiento mensual que necesita Fernando cuesta 13 millones de pesos, una suma imposible de afrontar para cualquier familia trabajadora. La única alternativa viable es que el IPS cumpla con la cobertura integral a la que está obligado por ley. “Si no nos ayudan, vamos a tener que hacer una colecta mundial. Mi marido no tiene tiempo. Cada trámite es vida perdida”, remarca Mariela.
“Están incumpliendo la ley. Hay que actuar ya”
Nuevo Diario consultó al Dr. Martín Giménez, abogado especialista en litigios vinculados a la salud, quien expresó que el accionar del IPS en este caso es no solo inhumano, sino ilegal. “Están incumpliendo de manera antojadiza lo dispuesto por la Ley 23.661, que establece la cobertura integral obligatoria para pacientes oncológicos. No hay excusas. Hay que intimar a la obra social con un plazo de 24 horas y, si no cumplen, interponer de inmediato un recurso de amparo. En este tipo de enfermedades, lo esencial es no perder la oportunidad terapéutica”, indicó el profesional, quien ofreció su ayuda para avanzar legalmente.
El especialista también denunció una práctica sistemática por parte de obras sociales y prepagas: la de “ralentizar de manera intencional los procesos, con el objetivo de desgastar al afiliado y evitar pagar tratamientos costosos”. Según explicó, en muchos casos, la dilación termina costando vidas.
La historia de Fernando expone una realidad repetida en la provincia: un sistema de salud que trata a los pacientes como cifras y no como personas.
Fernando, el ex policía con cáncer a quien el IPS le niega el tratamiento
Fernando Ramón Domínguez sirvió durante 25 años como agente de la Policía de Salta. Hoy, retirado y con un diagnóstico devastador, de cáncer renal con metástasis en los huesos, enfrenta una doble batalla: contra una enfermedad letal y contra la indiferencia del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), que hasta el momento le niega el tratamiento oncológico indispensable para vivir.
Según publica el portal Diario Info Salta, a Fernando le confirmaron el diagnóstico el pasado 11 de febrero. Un mes después, fue sometido a una cirugía para extirparle un riñón, paso previo a un tratamiento de quimioterapia que debía comenzar de inmediato. Sin embargo, a más de 60 días de la intervención, aún no recibe la medicación que podría frenar el avance del cáncer. “La primera sesión de quimio estaba programada para el 9 de abril. Nunca se realizó. El oncólogo le indicó dos medicamentos, pero el IPS autorizó solo uno. Después nos pidieron más papeles. Ya entregamos la historia clínica, la biopsia, los estudios… ¿Qué más necesitan? ¿Están esperando que se muera?”, expresó su esposa, Mariela, con desesperación.
“Fernando quiere vivir. El cáncer no espera”
Fernando tiene 58 años, cuatro hijos —el menor cursando el último año del secundario— y dos nietos. Su familia, que lo acompaña cada día en la lucha, no encuentra consuelo ante la falta de respuestas de un sistema que parece darles la espalda. Los trámites burocráticos no solo dilatan la atención médica, sino que se tornan cada vez más crueles. El expediente de Fernando fue enviado sin explicación a Chaco y, actualmente, está bajo la órbita de la Gerencia del IPS en Salta, donde, según le informaron, “no se firman papeles los lunes”.
“Me dijeron que vuelva el martes o el miércoles. ¿Cómo le explico eso a Fernando? ¿Que no puede vivir porque no es un buen día para firmar?”, lamenta Mariela, quien cada día visita las oficinas del IPS para exigir que se actúe.
Un tratamiento inaccesible sin cobertura
El tratamiento mensual que necesita Fernando cuesta 13 millones de pesos, una suma imposible de afrontar para cualquier familia trabajadora. La única alternativa viable es que el IPS cumpla con la cobertura integral a la que está obligado por ley. “Si no nos ayudan, vamos a tener que hacer una colecta mundial. Mi marido no tiene tiempo. Cada trámite es vida perdida”, remarca Mariela.
“Están incumpliendo la ley. Hay que actuar ya”
Nuevo Diario consultó al Dr. Martín Giménez, abogado especialista en litigios vinculados a la salud, quien expresó que el accionar del IPS en este caso es no solo inhumano, sino ilegal. “Están incumpliendo de manera antojadiza lo dispuesto por la Ley 23.661, que establece la cobertura integral obligatoria para pacientes oncológicos. No hay excusas. Hay que intimar a la obra social con un plazo de 24 horas y, si no cumplen, interponer de inmediato un recurso de amparo. En este tipo de enfermedades, lo esencial es no perder la oportunidad terapéutica”, indicó el profesional, quien ofreció su ayuda para avanzar legalmente.
El especialista también denunció una práctica sistemática por parte de obras sociales y prepagas: la de “ralentizar de manera intencional los procesos, con el objetivo de desgastar al afiliado y evitar pagar tratamientos costosos”. Según explicó, en muchos casos, la dilación termina costando vidas.
La historia de Fernando expone una realidad repetida en la provincia: un sistema de salud que trata a los pacientes como cifras y no como personas.
Fernando, el ex policía con cáncer a quien el IPS le niega el tratamiento
Fernando Ramón Domínguez sirvió durante 25 años como agente de la Policía de Salta. Hoy, retirado y con un diagnóstico devastador, de cáncer renal con metástasis en los huesos, enfrenta una doble batalla: contra una enfermedad letal y contra la indiferencia del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), que hasta el momento le niega el tratamiento oncológico indispensable para vivir.
Según publica el portal Diario Info Salta, a Fernando le confirmaron el diagnóstico el pasado 11 de febrero. Un mes después, fue sometido a una cirugía para extirparle un riñón, paso previo a un tratamiento de quimioterapia que debía comenzar de inmediato. Sin embargo, a más de 60 días de la intervención, aún no recibe la medicación que podría frenar el avance del cáncer. “La primera sesión de quimio estaba programada para el 9 de abril. Nunca se realizó. El oncólogo le indicó dos medicamentos, pero el IPS autorizó solo uno. Después nos pidieron más papeles. Ya entregamos la historia clínica, la biopsia, los estudios… ¿Qué más necesitan? ¿Están esperando que se muera?”, expresó su esposa, Mariela, con desesperación.
“Fernando quiere vivir. El cáncer no espera”
Fernando tiene 58 años, cuatro hijos —el menor cursando el último año del secundario— y dos nietos. Su familia, que lo acompaña cada día en la lucha, no encuentra consuelo ante la falta de respuestas de un sistema que parece darles la espalda. Los trámites burocráticos no solo dilatan la atención médica, sino que se tornan cada vez más crueles. El expediente de Fernando fue enviado sin explicación a Chaco y, actualmente, está bajo la órbita de la Gerencia del IPS en Salta, donde, según le informaron, “no se firman papeles los lunes”.
“Me dijeron que vuelva el martes o el miércoles. ¿Cómo le explico eso a Fernando? ¿Que no puede vivir porque no es un buen día para firmar?”, lamenta Mariela, quien cada día visita las oficinas del IPS para exigir que se actúe.
Un tratamiento inaccesible sin cobertura
El tratamiento mensual que necesita Fernando cuesta 13 millones de pesos, una suma imposible de afrontar para cualquier familia trabajadora. La única alternativa viable es que el IPS cumpla con la cobertura integral a la que está obligado por ley. “Si no nos ayudan, vamos a tener que hacer una colecta mundial. Mi marido no tiene tiempo. Cada trámite es vida perdida”, remarca Mariela.
“Están incumpliendo la ley. Hay que actuar ya”
Nuevo Diario consultó al Dr. Martín Giménez, abogado especialista en litigios vinculados a la salud, quien expresó que el accionar del IPS en este caso es no solo inhumano, sino ilegal. “Están incumpliendo de manera antojadiza lo dispuesto por la Ley 23.661, que establece la cobertura integral obligatoria para pacientes oncológicos. No hay excusas. Hay que intimar a la obra social con un plazo de 24 horas y, si no cumplen, interponer de inmediato un recurso de amparo. En este tipo de enfermedades, lo esencial es no perder la oportunidad terapéutica”, indicó el profesional, quien ofreció su ayuda para avanzar legalmente.
El especialista también denunció una práctica sistemática por parte de obras sociales y prepagas: la de “ralentizar de manera intencional los procesos, con el objetivo de desgastar al afiliado y evitar pagar tratamientos costosos”. Según explicó, en muchos casos, la dilación termina costando vidas.
La historia de Fernando expone una realidad repetida en la provincia: un sistema de salud que trata a los pacientes como cifras y no como personas.