Fiscalía archiva caso de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte
La fiscalía de Perú archivó la denuncia por genocidio contra la presidenta Boluarte. El caso se inició luego de las protestas antigubernamentales por la destitución y arresto a fines del 2022 del expresidente Castillo.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció este martes que la fiscalía ha archivado “definitivamente” el caso por presunto delito de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte.
La denuncia surgió tras las protestas que dejaron decenas de muertos al inicio de su gobierno. Adrianzén calificó la denuncia de genocidio como “un despropósito” en un mensaje en la red social X.
El caso de genocidio se originó luego de las protestas antigubernamentales en respuesta a la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo a fines de 2022, quien intentó disolver el Congreso.
Estas manifestaciones resultaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas del orden, dejando un saldo de numerosas víctimas fatales.
A pesar del archivamiento del caso de genocidio, Boluarte aún enfrenta graves denuncias por “homicidio calificado” y “lesiones graves” relacionadas con las mismas protestas.
La fiscalía confirmó en un comunicado que estos casos continúan y forman parte de una denuncia constitucional presentada al Congreso contra Boluarte y otros funcionarios que estaban en el poder durante los disturbios.
Defensa de Boluarte y Críticas
La presidenta Dina Boluarte ha negado las acusaciones de la fiscalía, argumentando que las Fuerzas Armadas actuaron de manera proporcional frente a manifestantes violentos que quemaron instalaciones públicas y privadas.
En su defensa, Boluarte sostiene que la intervención militar fue necesaria para mantener el orden y proteger la infraestructura del país.
Sin embargo, Boluarte enfrenta otra denuncia en el Congreso, presentada en mayo por la fiscalía, por presunto delito de “cohecho” y enriquecimiento ilícito vinculado a un escándalo político por el uso indebido de relojes de lujo Rolex. Este caso ha añadido más presión a su ya debilitada administración.
Apoyo Popular y Desafíos Políticos
El respaldo a Boluarte entre los peruanos es extremadamente bajo. Según varias encuestas, solo el 5% de la población apoya a la presidenta, situándola con el nivel de aprobación más bajo entre los mandatarios de América Latina. Este descontento popular refleja el complejo panorama político y social que enfrenta su gobierno.
La situación de Boluarte se complica aún más por las persistentes acusaciones y la desconfianza generalizada en su liderazgo.
A medida que las investigaciones continúan y las denuncias se desarrollan en el Congreso, la presidenta deberá enfrentarse a estos desafíos legales y a la crítica de un electorado cada vez más insatisfecho.
El archivamiento del caso de genocidio representa un alivio temporal para la presidenta Dina Boluarte, pero los problemas legales y políticos que enfrenta su administración están lejos de resolverse.
Con denuncias por homicidio calificado, lesiones graves y corrupción aún pendientes, Boluarte deberá navegar un difícil camino para intentar restaurar la confianza en su gobierno y estabilizar la situación en Perú.