Fiscalía rechazó los pedidos de domiciliarias y condicionales de la banda narco

Desbaratada la banda de Aguas Blancas, las defensas de los detenidos con preventivas, se conoció que la fiscalía a cargo de Eduardo Villalba rechazó los pedidos de prisión domiciliaria o condicionales, bajo la premisa que los delitos que se les imputan tienen penas, tras el juicio que superan los seis años.

El fiscal aseguró que “además de haber presentado una acusación solvente, recién se está ante una investigación insipiente, pues está más que claro que existen otros implicados”.

Indicando que la pena en expectativa de los delitos imputados, superior a los 6 años de prisión, hace imposible que los acusados accedan a un beneficio de prisión condicional.

Las defensas intentaron menguar la incriminación de sus respectivos clientes, como el caso de Ángela Cuenca y Juan Alberto Romero pidieron que se los considere partícipes secundarios.

Respecto al pedido de prisión preventiva, también hubo cuestionamientos y, en los casos de Martina Oliva y Cuenca, sus defensas solicitaron la libertad provisoria y el arresto domiciliario subsidiariamente, bajo el argumento que se trata de su condición de madres de niños menores de edad. En ese sentido, Oliva, quien aceptó declarar, afirmó que ella era su único sostén, a la vez que dijo que a Gustavo Tolaba lo conocía desde hacía un mes.

Al responder a estos planteos, la fiscalía rebatió los pedidos, señalando las evidencias, a las que considera contundentes respecto a la participación activa de cada uno/a de los/as detenidos/as y mencionó que, una vez que se avance con los peritajes telefónicos, se podrá establecer con mayor claridad su vínculo con el delito.

La fiscalía también requirió que se rechace el pedido de arresto domiciliario de ambas mujeres, ya que sostuvo que, al momento de delinquir, “las acusadas no pensaron en sus hijos”, que ahora se encuentran a resguardo de sus familiares.

Al resolver, la jueza coincidió con la fiscalía y rechazó los pedidos defensistas, declaró la legalidad de las detenciones, dio por formalizada la investigación penal por los delitos requeridos, autorizó los peritajes y el levantamiento del secreto bancario y bursátil. Entre sus fundamentos, la jueza resaltó la obligación del Estado Nacional, a partir de tratados internacionales, de ir a fondo en la lucha contra el narcotráfico.

Tenencia para comercialización

En el caso de José Burgos de acuerdo a la investigación sería quien recibía en su casa el pedido, que llegaba desde Aguas Blancas, como principal comprador, y lo comercializaba en Salta, Capital.

En el allanamiento a ese domicilio se secuestró una suma de 6 millones de pesos, dinero que -sostuvieron- el acusado tenía reservado para pagar los 15 kilos de marihuana.

Esto de la mano que el kilo de marihuana, en flores o cogollos, tiene un costo en Salta de $400 mil el kilo. La mercancía tendría su origen en Bolivia, donde la calidad de ese producto es superior a la que llega de Paraguay.

Burgos cuenta con una condena previa de 4 años de prisión dictada el 10 de agosto de 2020 por el mismo delito ahora imputado.

Eduardo Villalba y Florencia Altamirano resaltaron la gravedad del hecho, la logística utilizada y el poder económico que evidenciaron las maniobras.