Fue torturado y busca la condena de represores absueltos por el beneficio de la duda
Luis Obrero Iñiguez, testigo en la causa Ragone, apuntó contra Martín Ávila y David Leiva, querellantes, en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en 2015, por no ser reconocido como preso político y que su causa recayera en Comodoro PY.
Y es que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta absolvió por el beneficio de la duda a Miguel Gentil, ex jefe de la Policía provincial; y a Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, tras condenarlos en julio del 2015 por privación ilegítima de la libertad cometida por abuso de sus funciones agravadas por el uso de violencia, y por la imposición de tormentos a Luis Obrero Iñiguez.
La absolución se justifica en que no se pudo comprobar la militancia y persecución que sufrió Iñiguez.
El dirigente de Finca Independencia, miembro de la Revolución Libertadora y co fundador de la Lista Verde que apoyó a Miguel Ragone para que llegue a la gobernación en 1973, entiende que no se lo reconoció como preso político a causa de una solicitada que publicó en Nuevo Diario en contra de Casabella y Ávila por cómo se desarrollaban los juicios de lesa humanidad.
Sin embargo, para él hay sobrada documentación y testimonios que dan cuenta de su militancia y de su detención en el Destacamento de Caballería 141 del Ejército.
El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Salta estuvo constituido por diez causas con 18 víctimas de las cuales cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976. Las víctimas fueron Carlos César Martínez, Ramón Díaz Romero, Esteban Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, y Lucrecia Barquet. A ellos se le suman Hugo Maza, Miguel Ragone, Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal, Rubén Yañez Velarde, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez.
Solo Iñiguez no fue reconocido como perseguido político.
La solicitada
En este medio, Iñiguez señaló que “a los abogados de Derechos Humanos se les viene escapando la tortuga” porque cuando tenían la posibilidad de encarcelar al ex juez Ricardo Lona se hizo pantomima por su salud y lo premiaron con la prisión domiciliaria.
“El represor (Julio) Ugarriza se cayó de la causa Ragone, ¿nadie lo investiga?”, se preguntó.
Con archivos Iñiguez convalida su larga militancia en el peronismo
El ex perseguido político, Luis Obrero Iñiguez, reafirmó con documentación periodística y de archivo, que tuvo una activa participación en los primeros años de la dictadura cívico militar, previo y posterior al asesinato de Miguel Ragone.
Iñiguez señaló que es nombrado en el libro Nunca Más, que editó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) dónde se lo señala como Luis Alberto Iñiguez, su “nombre de guerra”.
La publicación Salta Montonera también lo menciona por un acto que organiza la CGT, en apoyo a la candidatura de Ragone.
Por otro lado, el testimonio del ex conscripto Juan Carlos Herrero, que realizó el servicio militar entre 1975 y 1976 en un juicio de lesa humanidad da cuenta de su detención en un centro clandestino.
Herrero detalló que el subteniente primero Bessone y el teniente Fernando Chaín, del Escuadrón Servicios, donde él cumplía el servicio militar, “siempre salían a buscar gente, (…) salían en auto. Me acuerdo, tenían un Ford Falcon celeste”, ya “viejito”.
De ese auto vio que bajaban, detenido, a Iñiguez Vázquez, a quien conocía como vecino en Finca Independencia.
Además, Iñiguez aporta como prueba un documental que se realizó con fondos nacionales que relata episodios de la dictadura en Salta.
Se trata de “F.R.P. Salta, la revolución inconclusa”, dónde presenta la experiencia del Frente Revolucionario Peronista, a través dirigentes como Armando Jaime, Juan Carlos Salomón, Rodolfo Sandoval, Carlos Holmquist, Luis Obrero Iñiguez