Fuerte tensión institucional en Cafayate: el Concejo denunció “censura” tras una carta documento de la intendente
El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Aguirre, encabezó una conferencia junto a ediles y exconcejales para cuestionar el accionar de la intendente Rita Guevara. Reclaman transparencia en las cuentas de la Serenata y alertan sobre presuntas intimidaciones a trabajadores municipales.
El clima político en Cafayate sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Aguirre, denunciara públicamente un intento de “censura institucional” por parte de la intendente Rita Guevara, tras recibir una carta documento por declaraciones vinculadas al manejo de fondos públicos y la organización de la Serenata.
La conferencia de prensa se realizó en el recinto deliberativo y contó con el respaldo de concejales actuales y exediles, quienes expresaron su preocupación por lo que consideran una maniobra de amedrentamiento político.
“Es una maniobra que busca silenciar a los representantes para que dejemos de opinar y de preguntar”, sostuvo Aguirre durante su descargo. En ese marco, defendió el rol de control institucional del Concejo y remarcó que “el honor y la transparencia de una gestión no se defienden persiguiendo concejales, sino rindiendo cuentas de cara al pueblo”.
El edil insistió en la necesidad de que el Ejecutivo municipal presente la documentación vinculada a la Serenata de Cafayate y aseguró que sus cuestionamientos siempre estuvieron centrados en el control de los recursos públicos.
“Si alguien se sintió tocado en su moral personal, pido disculpas, pero los concejales no nos debemos callar”, afirmó.
Durante la conferencia también tomó la palabra el exconcejal Gabriel Meisner, quien recordó las investigaciones impulsadas sobre las ediciones 2024 y 2025 de la Serenata y defendió las garantías constitucionales de los legisladores.
“Ningún concejal puede ser perseguido por los dichos que manifieste cuando existe un interés público, y el balance de la Serenata claramente lo tiene”, expresó.
Judicializar las diferencias
En la misma línea, la concejal Romina Mamaní Cabeza cuestionó la decisión de judicializar las diferencias políticas y recordó la vigencia del Artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que los funcionarios elegidos por el voto popular no pueden ser perseguidos judicialmente por las opiniones emitidas en ejercicio de sus funciones.
Los dirigentes presentes consideraron además “llamativo” que la actual intendente, con trayectoria previa como concejal, desconozca las prerrogativas legales de los miembros del cuerpo legislativo.
La polémica escaló aún más cuando los concejales confirmaron que trabajadores municipales habrían recibido cartas documento por publicaciones realizadas en redes sociales.
Según detallaron, una empleada municipal recibió una intimación a retractarse en un plazo de cinco días mediante un escrito que, advirtieron, podría implicar una irregularidad administrativa. Desde el Concejo señalaron que las notificaciones aparentan formar parte de un sumario.
Ante esta situación, recomendaron a los trabajadores buscar asesoramiento legal inmediato frente a este tipo de intimaciones.
Sobre el cierre, Aguirre pidió bajar el nivel de confrontación política y llamó al diálogo institucional. “La intendente tiene derecho a convocar reuniones y discutir cara a cara. Dejémonos de los TikTok de chicaneo. Hoy el pueblo espera resultados”, concluyó.