García Castiella cuestionó la Reforma del Código Procesal Penal
La visita del Procurador General de la Provincia al senado provincial estuvo marcada por los cuestionamientos hacia la reforma que se busca impulsar desde el cuerpo de legisladores.
Previamente, autoridades de la Corte de Justicia pasaron por las rondas de consultas de los senadores donde dieron el visto bueno al proyecto de ley.
Sin embargo, quien manifestó su postura en contra fueron las cabezas del Ministerio Público Fiscal que en la jornada de ayer asistieron al encuentro con los legisladores.
Castiella planteó observaciones por entender que el proyecto plantea un cambio de diseño procesal, que lleva al actual sistema acusatorio a otro adversarial, que sin la debida transferencia y reasignación de recursos financieros y humanos, generará un mayor impacto en el MPF, recargando de sobremanera la tarea de los fiscales y también en el sistema carcelario provincial, cuya infraestructura ya se encuentra colmatada.
Con datos de setiembre de 2022 a igual mes de 2023 dijo que el MPF recibió en un año solo en el Distrito Centro, 94.763 denuncias, de las cuales 2.153, es decir menos del 3%, se transfirieron al Poder judicial para juicio, aclarando que las otras 92 mil causas se resuelven a través de un trabajo de depuración que incluye entre otras cosas, mediación, acuerdo de partes, desestimación, archivo, etc.
Consideraron que duplicar las audiencias multiprósito, que en la actualidad son dos, en cuatro audiencias: de imputación; de control de acusación, de prueba y de juicio oral, haría difícil continuar con la descentralización de las fiscalías, que en el interior está dando buenos resultados; además de recargar la tarea de los fiscales.
García Castiella aclaró que el MPF acompaña el plan piloto de oralidad implementado por la justicia, pero dentro de un modelo acusatorio de primera generación y no en un sistema adversarial que implicaría una contradicción en lo dogmático con el CPP.
Puso como ejemplo la provincia de Mendoza, donde con el nuevo sistema, el número de encarcelados pasó de 3.800 en 2015 a más de 6.000 este año, obligando a dotar de mayor infraestructura carcelaria, hasta llegar a los 22 complejos. En Salta hoy existen unas 3.100 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad es de 1.200 y solo tenemos un proyecto para duplicar la capacidad de la alcaidía, acotó.
En la misma línea, el fiscal Rivero consideró que avanzar a un sistema adversarial, basado en un juez que debe meritar la oposición que existe entre un defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación, se pueden perder los beneficios de la descentralización del MPF por la necesidad continua de traslado de los fiscales a las múltiples audiencias.
La fiscal Simesen dijo que las estadísticas marcan que en la región existe un fiscal casa 15 mil habitantes y en Salta es uno cada 40 mil. También hizo hincapié en el achicamiento de 15 a 5 días en los plazos de los fiscales para producir pruebas; lo que de acuerdo a la fiscal Buabse, no ayudarán a producir pruebas de calidad.
También el fiscal Obeid dijo que la multiplicación de audiencias puede llevar a revictimizar a aquellas personas que son víctimas de delitos contra la integridad sexual por ejemplo y el fiscal Solá acotó que desde 2011 se realizan convenios con las fuerzas de seguridad para transferir al MPF oficinas especializadas de la policía para ayudar en la investigación.