Gendarme condenado en Salta por revelar información confidencial de un caso

En el primer juicio realizado en la jurisdicción Salta por la violación de secreto cometido por un investigador, el Tribunal Oral Federal 2, le impuso a un gendarme 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por revelar datos de un caso de contrabando de granos.

El condenado es un cabo primero de la Gendarmería Nacional que revistaba en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Salta, quien el jueves pasado delito le conprobaron que develó datos claves con el objetivo de advertir a otro gendarme que estaba bajo investigación en un caso de contrabando de granos.

La condena, de 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Gabriela Catalano (presidenta), Domingo Batule y Abel Fleming.

El fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, representó al Ministerio Público Fiscal en el primer juicio seguido a un investigador que reveló información sensible de un caso en el que se investigaba el circuito del contrabando de granos en la frontera con Bolivia.

A instancia del fiscal Villalba, el cabo primero Aníbal Alegre, con 15 años de servicio, fue condenado por haber revelado información que puso sobre aviso a otro gendarme, jefe de un escuadrón de la zona de frontera, quien estaba sospechado de participar del contrabando.

En el debate, y a lo largo de dos audiencias semanales, la fiscalía presentó varios testigos y pruebas directas sobre la autoría de Alegre en el delito, cuya escala es de un mes a dos años de prisión con una pena accesoria de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Al momento del hecho, Alegre cumplía funciones en la UNIPROJUD, unidad que llevaba adelante diversas tareas de inteligencia criminal, entre ellas el análisis de información extraída de intervenciones telefónicas, cuyos datos eran de alta sensibilidad para el éxito del caso.

Alegre, además, provenía del Escuadrón 54 de Aguaray de esa fuerza, unidad que a su vez era investigada por las maniobras ilegales en el paso de camiones con granos, de las cuales participaba un comisionista que, a la postre, fue imputado y condenado por ese delito.

Los mensajes

Con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, la fiscal presentó todos los detalles del caso, entre ellos los chats de WhatsApp que Alegre envió al personal sospechado, cuyo teléfono estaba siendo intervenido. Así, se demostró claramente cómo el acusado, primero, pidió una retribución monetaria por la información secreta.

Segundo, reveló que había una investigación en curso sobre los camiones de granos, la cual estaba a cargo de la unidad de Delitos Económicos y, por último, develó que había escuchas telefónicas en las que el comisionista sospechado los había delatado.

Esta prueba fue ratificada por testimonios de otros gendarmes, tanto compañeros como jefes de las unidades investigativas, quienes explicaron cómo se descubrió que los mensajes de advertencia provinieron del teléfono de Alegre. También se refirieron a la modalidad de trabajo y al deber de confidencialidad.

En su alegato, el fiscal consideró probado con grado de certeza el delito cometido por Alegre, cuya defensa trató de justificar la conducta delictiva del suboficial en una supuesta preeminencia que tenía el oficial alertado sobre su cliente.

Esta hipótesis, pese a los argumentos defensivos, fue desbaratada por la fiscalía a partir de los chats que los jueces pudieron examinar, correspondientes a fechas en que la investigación se llevaba adelante en su etapa inicial, cuando debía permanecer secreta y fuera del alcance del investigado.

Por otra parte, los jefes inmediatos de Alegre, entre ellos el comandante Rafael Sanabria, responsable de la UNIPROJUD, remarcó el carácter secreto de esos datos, a la vez que aclaró que la subordinación se debe hacia los jefes y la unidad en la que se desempeña y no solamente por el cargo.

Villalba señaló que, al margen de revelar datos que perjudicaron el proceso, “Alegre se burló de las premisas que promulga no sólo esa institución, sino también la justicia misma”. Y puso de relieve que lo hizo con un fin retributivo, pues en el primer mensaje el acusado le dice al investigado: “Che tigre, tirame una moneda…”.

Culpable

Al referirse a la corrupción, el fiscal general sostuvo en el debate que existen aquellos que se valen de ella, como Alegre, y otros que la sufren como personal idóneo de la fuerza que busca desarticular el delito en cualquiera de su especie, en especial en esta región del país. “Es destacable señalar que sus jefes inmediatos, que podían haber hecho la vista gorda, no lo hicieron y activaron así los mecanismos de saneamiento”, dijo.

Describió el caso como una alerta hacia adentro de esa y otras fuerzas involucradas en la investigación criminal. Asimismo, aclaró que pese a tratarse de un delito con una escala penal menor, su comisión tiene “un efecto brutal” en la investigación, aunque reconoció que, en este caso, se logró avanzar penalmente contra el oficial alertado por Alegre.

En vista de estas pruebas, y a pedido del fiscal, el tribunal encontró al acusado culpable del delito imputado, decisión que basó en los argumentos expuestos por la fiscalía. En el juicio por la determinación de la pena, Villalba señaló que la fiscalía “exigirá el máximo de la pena” y solicitó la imposición de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para Alegre.

Por su parte, la defensa buscó el mínimo de la escala, y para ello resaltó la condición primaria de su cliente y su conducta proactiva durante el debate.

La fiscalía señaló que Alegre no tenía ninguna urgencia económica u otra necesidad, como podría suceder con un “bagayero”, y destacó el rol del acusado, quien trabajaba en una unidad especial de investigación. Reconoció el dolor que significa llevar a juicio a un funcionario en quien la fuerza invirtió mucho para capacitarlo.

Al resolver, el tribunal condenó a Alegre a 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación. Esta decisión, según lo explicado por los jueces, se debió al hecho de que el delito cometido no frustró la investigación, aunque también reconocieron el grave riesgo que se corrió.