General brasileño reconoce haber redactado plan para asesinar a Lula da Silva
Ante la Corte Suprema de Brasil, el general retirado Mário Fernandes admitió haber redactado un documento que contemplaba el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva.
También mencionó acciones contra el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, como parte del plan bautizado “Puñal Verde y Amarillo”.
Fernandes, quien se desempeñó como número dos de la Secretaría General de la Presidencia bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, declaró que el archivo lo elbaró en diciembre de 2022. Aseguró que lo imprimió exclusivamente para lectura personal y lo destruyó poco después.
Según la acusación fiscal, se imprimieron tres copias del documento en el Palacio de Planalto. También se afirma que Bolsonaro estaba al tanto del plan y siguió de cerca su evolución, incluso conocía la fecha prevista de ejecución para el 15 de diciembre de 2022. La Fiscalía clasifica la estrategia como un acto terrorista y cita métodos como envenenamiento, uso de armas de fuego y granadas.
La confesión de Fernandes ocurre en el marco del juicio que enfrenta Bolsonaro y decenas de colaboradores por intento de golpe de Estado. En total, más de 30 personas han sido denunciadas. Entre los acusados figuran militares de alto rango y también Walter Braga Netto, exministro de Defensa, quien habría tenido un rol clave en la trama.
El plan contemplaba acciones coordinadas como asesinato o secuestro del presidente electo, su vice y el juez de la Suprema Corte. También se incluyó el uso de operaciones encubiertas, seguimiento con recursos militares y estrategias de deslegitimación institucional.
Por otro lado, la Policía Federal brasileña ejecutó en noviembre de 2024 la operación conocida como “Contragolpe” o “Counter‑coup”, que llevó a la detención de cinco personas. Entre ellas, el general Mário Fernandes y otros militares del grupo conocido como “kids pretos”, entrenados por fuerzas especiales. Ese operativo permitió hallar la documentación vinculada al plan golpista.
Fernandes insistió en que el documento reflejaba solo un pensamiento propio, una recopilación de ideas, y que su única intención era “leerlo en papel”. Dijo no haberlo compartido y que no se materializó como acción concreta. No obstante, la fiscalía sostiene que sí hubo intención real de ejecución.
En mayo pasado, la Corte Suprema aceptó formalmente las denuncias contra varios militares acusados de planificar el asesinato de Lula y Alckmin. Los cargos incluyen organización criminal armada y tentativa de abolición violenta del Estado de derecho.
Fuente: Ámbito Financiero