Gobierno apeló al fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Poder Ejecutivo nacional presentó un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones para impugnar la decisión de un juzgado federal que dejó sin efecto la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y suspendida anteriormente por decreto presidencial. La apelación la presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, con el objetivo de revertir la resolución que declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025, que postergó la puesta en marcha de la ley.
Según informaron fuentes oficiales, la administración considera que el fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, implica una intromisión en las competencias propias del Poder Ejecutivo. En particular, argumentan que la decisión judicial afecta las facultades del Gobierno para administrar el gasto público y elaborar el presupuesto nacional, y podría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico oficial.
Sin embargo, tras su promulgación, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el decreto 681/2025 ante la falta de definición sobre las fuentes de financiamiento necesarias para implementar las medidas que contempla la norma. Esta suspensión generó fuertes críticas de organizaciones, prestadores y familias, que denunciaron un impacto negativo en la atención de personas con discapacidad.
El fallo ahora impugnado surgió a raíz de un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad e instituciones del sector, que pedían que se active de inmediato la ley. El tribunal consideró que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a restricciones presupuestarias y que el Ejecutivo había excedido sus atribuciones al suspender una ley sancionada por el Congreso.
Fuente: Ámbito Financiero