Gobierno aprobó un protocolo de análisis de rastros de olor para investigaciones judiciales
El gobierno argentino aprobó un protocolo unificado de odorología forense, que regula la recolección y análisis de rastros de olor para uso en investigaciones judiciales. La norma impone procedimientos desde la toma de muestras hasta su conservación y análisis para que la evidencia odorífera tenga validez en todo el país.
El nuevo marco normativo, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, busca profesionalizar el uso de la disciplina de odorología forense. Esto es una técnica que permite identificar personas a partir de los olores que dejan en objetos, lugares, cuerpos o evidencias, mediante perros adiestrados y operadores especializados. Hasta ahora, las distintas fuerzas federales utilizaban métodos propios; con la aprobación de la resolución, estos procedimientos quedarán estandarizados y con trazabilidad técnica y legal.
El protocolo detalla cómo deben recolectarse y preservarse las “huellas odoríferas”, puede tratarse de un levantamiento directo (cuando el objeto completo puede secuestrarse), un levantamiento indirecto (mediante gasas u hisopos que captan la presencia de olor) o un levantamiento instrumental (usando dispositivos diseñados para transferir olores humanos).
Las muestras deben guardarse en frascos de vidrio esterilizados, en condiciones controladas de temperatura y humedad, para asegurar su conservación durante un plazo de aproximadamente tres años en levantamientos directos, y dos años en los indirectos o instrumentales, antes de perder valor odorológico.
Para el análisis, el protocolo establece la participación de al menos dos equipos independientes de “binomios can-operador”, que deben intervenir sin conocer la posición de las muestras de control, mediante pruebas llamadas “líneas de exploración”. Solo si ambos canes coinciden en la detección del olor se considera válida la correspondencia. Además, el procedimiento incluye un principio de cadena de custodia robusta: todas las muestras deben ser registradas, almacenadas y enviadas a un “banco de olor” autorizado.
Con esta disposición, el Estado apunta a modernizar las pericias criminalísticas y mejorar las posibilidades para esclarecer delitos en los que no existan huellas dactilares, ADN u otras evidencias tradicionales.
Fuente: Infobae