Gobierno presentó un proyecto para cambiar la Ley de Tierras para liberar compra a extranjeros
La modificación de la Ley de Tierras forma parte de un paquete de reformas impulsado por el gobierno con el objetivo de incentivar inversiones y dinamizar el sector rural.
El Gobierno nacional presentó una propuesta para modificar la actual Ley de Tierras, buscando eliminar las principales restricciones que impiden o limitan la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.
Además, la iniciativa está incluida en un paquete más amplio de reformas que lo remitirán al Congreso tras el informe final del Consejo de Mayo, organismo que trabajó durante varios meses en distintas propuestas de política pública orientadas a “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”, según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La norma vigente, conocida como Ley 26.737, establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, incluyendo topes de superficie y la necesidad de autorizaciones previas en ciertos casos. El proyecto oficial plantea liberar la compra de terrenos rurales para privados extranjeros, eliminando esas barreras, aunque mantendría restricciones específicas para entes estatales extranjeros con el fin de proteger intereses estratégicos y de seguridad nacional.
Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente es un freno para la inversión internacional en el sector agropecuario. Además, indicaron que su modificación podría destrabar inversiones estimadas en varios miles de millones de dólares, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo productivo en distintas regiones del país. La discusión también incluye cambios en otras normas relacionadas con el sector rural, como la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques, con propuestas para flexibilizar algunos requisitos e impulsar una gestión de recursos más eficiente.
Asimismo, algunos sectores agropecuarios sostienen que la apertura a la compra extranjera puede atraer capitales y tecnificación, mientras que otros advierten sobre posibles riesgos para la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.
Fuente: Ámbito Financiero