Gobierno promulga la ley financiamiento universitario, pero posterga su ejecución
Promulgaron las normas de emergencia pediátrica y financiamiento universitario por el Ejecutivo. Aunque su entrada en vigor queda condicionada a la definición de fuentes presupuestarias por parte del Parlamento.
El Gobierno nacional promulgó esta semana dos leyes de gran impacto social: una que declara la emergencia pediátrica a nivel nacional y otra que establece un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas. Sin embargo, aunque ambas quedaron formalmente vigentes, su aplicación será demorada hasta que el Congreso determine cómo se financiarán los costos que implican estas medidas.
La aprobación de las leyes contó con amplio respaldo en el Parlamento, tras la anulación de los vetos presidenciales y la sanción de las normas. El Ejecutivo formalizó la promulgación mediante dos decretos, de modo que las leyes ya llevan sus números oficiales. No obstante, el Gobierno aclaró que la ejecución de las normas depende de que el Legislativo incluya partidas específicas en el Presupuesto 2026 o determine mecanismos de financiamiento que garanticen la sostenibilidad del gasto adicional.
En el caso de la norma de financiamiento universitario, se prevén aumentos significativos en los recursos destinados a salarios docentes y no docentes, becas, investigación y tecnología. Pero el Ejecutivo advirtió que el monto requerido –superior a los billones de pesos en 2026– resulta “inviable” sin una definición concreta de las fuentes de financiamiento. Por su parte, la ley de emergencia pediátrica, que declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional de alta complejidad, plantea incentivos fiscales para trabajar en áreas críticas y una mejora salarial para el personal sanitario, pero el Gobierno señaló como impedimento principal el déficit en el presupuesto del Ministerio de Salud y la falta de partidas asignadas.
La postergación de la entrada en vigor de estas leyes generó reacciones de distintos sectores. Organizaciones vinculadas a la salud y a la educación pública expresaron su preocupación por la demora operativa: trabajadores sanitarios hicieron marchas de protesta reclamando la implementación de la ley pediátrica, y sindicatos que agrupan al personal universitario anunciaron medidas de fuerza ante la incertidumbre sobre sus plazos de ejecución.
Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales explicaron que la decisión responde a la necesidad de administrar cuidadosamente el gasto público en un contexto fiscal complejo, advirtiendo que “no se puede gastar lo que no se tiene”. En ese sentido, recalcaron que la promulgación formal busca dar por cerrado el trámite político, mientras que la puesta en marcha efectiva aguardará la aprobación del presupuesto que establezca los recursos necesarios.
Fuente: Ámbito Financiero