Gobierno propone tregua hasta 2027 en debate con el Senado sobre biocombustibles
En medio de una fuerte puja entre provincias agrícolas y petroleras, el Ejecutivo impulsó congelar los cortes obligatorios de biocombustibles hasta 2027 para dar tiempo a una transición gradual.
El Ejecutivo nacional propuso en el Senado una tregua hasta 2027 en el debate sobre la normativa de biocombustibles, una medida que busca frenar momentáneamente la escalada de tensiones entre provincias agrícolas. Esto impulsan mayores porcentajes de corte para etanol y biodiésel, y distritos petroleros, que advierten sobre el impacto en precios y producción.
El anuncio tuvo lugar durante un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto de la Cámara alta, en la que participó el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, quien explicó que varios proyectos legislativos planteaban elevar los cortes hasta 15 % o 18 % para etanol y biodiésel. Según sus cálculos, aplicarlos de inmediato implicaría un impacto en el surtidor de hasta 10 % y un coste para las cuentas públicas de más de 4.000 millones de dólares en cinco años.
Por este motivo, el Gobierno planteó como alternativa posponer esas subas y fijó un nuevo cronograma tentativo: llevar el corte de etanol desde el 12 % actual hasta el 15 % y el de biodiésel del 7,5 % al 10 % hacia 2027. En paralelo, se prevé avanzar hacia un mercado con mayor competencia y menor intervención regulatoria, según el organismo estatal.
La medida es interpretada como una manera de calmar los ánimos: los legisladores de provincias agrícolas aseguran que necesitan mayor certeza para justificar inversiones, mientras que los distritos petroleros advierten que los incrementos repentinos podrían encarecer el transporte y golpear la competitividad.
Sin embargo, no todos están conformes con la tregua propuesta. Algunas bancadas legislativas señalaron que la demora puede utilizarse para frenar avances que favorecen a la industria de los biocombustibles. En particular, una senadora porteña manifestó dudas respecto del compromiso real del Gobierno con el consenso que invoca, sugiriendo que el aplazamiento podría convertirse en una forma de postergar indefinidamente la cuestión.
Fuente: Infobae