Gral. Pizarro evitó una condena millonaria por una obra que jamás se ejecutó
La Corte de Justicia de Salta confirmó el rechazo a una demanda por más de $100 millones contra la Municipalidad de General Pizarro por una obra cloacal que nunca se construyó. El fallo no solo alivió las finanzas locales, sino que dejó al descubierto las irregularidades de gestiones anteriores.
La Corte de Justicia de Salta dejó firme el fallo que rechazó una demanda civil por más de $100 millones contra la Municipalidad de General Pizarro. La empresa demandante reclamaba el pago de una obra cloacal que nunca se ejecutó, basada en un supuesto contrato informal firmado en 2014, durante la gestión del entonces intendente Miguel Talló.
El municipio enfrentó el juicio sin haber respondido inicialmente, pero en 2019, con el cambio de administración, se reactivó la defensa legal. La nueva gestión de Francisco Perez demostró que no existía documentación válida: no había contrato registrado que avalara la contratación.
Tampoco se halló expediente, firma certificada o respaldo presupuestario. La supuesta obra, además, solo contaba con unas pocas bocas de pozo sin conexión.
La demanda se sustentaba en un convenio firmado entre la Provincia de Salta y el ENOHSA en el marco del programa nacional “Más Cerca“. Sin embargo, Aguas del Norte desaconsejó técnicamente su ejecución y ENOHSA suspendió las transferencias de fondos, por lo que la obra nunca comenzó.
Fallas institucionales
La Justicia consideró que el reclamo no tenía sustento legal y desestimó la demanda. En la instancia de apelación, la empresa intentó introducir un nuevo argumento pero la Corte lo rechazó aplicando el principio de preclusión.
El caso no solo implicó un riesgo económico significativo para el municipio, sino que también dejó al descubierto fallas institucionales graves. En 2022, la nueva gestión presentó una denuncia penal para que se investiguen posibles delitos como contratación fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sin embargo, la Fiscalía de Joaquín V. González no avanzó con la causa y solo realizó una inspección ocular, sin formular imputaciones ni convocar a indagatoria.
Actualmente, el municipio implementó mayores controles legales en cada obra pública, con procesos formales de contratación o licitación, en un intento por cerrar definitivamente una etapa signada por la informalidad y la falta de transparencia.