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Gremios aeronáuticos se reunirán este jueves para definir medidas de fuerzas

Gremios aeronáuticos se reunirán este jueves en un plenario para definir medidas de fuerza que incluyen paros parciales en planes de vuelo y bloqueos a los despegues en playas horarias durante las vacaciones.

Desde este jueves, los cinco principales sindicatos del sector aerocomercial como APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y Atepsa se reunirán en un plenario para articular un plan de acción conjunto. El objetivo es frentear medidas que consideran un vaciamiento deliberado de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Optar, al mismo tiempo que rechazan la llamada “desregulación salvaje” impulsada por el Gobierno, que facilita la entrada de capital y mano de obra extranjera, según denunciaron los voceros gremiales.

En particular, Atepsa, el sindicato de controladores aéreos, ya puso en marcha un cronograma de retención de tareas que comenzará el viernes 11 de julio desde el mediodía y se extenderá en días alternados durante todo el mes. En esas franjas horarias, no se autorizarán despegues ni planes de vuelo salvo en casos sanitarios o de emergencia, lo que podría generar retrasos masivos y cancelaciones, justo en el periodo de máxima demanda por vacaciones de invierno.

Paro Nacional

Al mismo tiempo, los pilotos de APLA aprobaron por unanimidad un paro nacional en rechazo al Decreto 378/2025, que reduce descansos mínimos de 36 a 30 horas semanales e incrementa el máximo de horas de vuelo, cambiando abruptamente el régimen laboral sin consulta previa. Las autoridades aeronáuticas también suspendieron la aplicación inmediata de la normativa, aunque mantuvieron su vigencia.

Los gremios afirman que hace más de diez meses vienen reclamando aumentos salariales y mejoras en condiciones laborales ante EANA, ANAC y la Secretaría de Transporte, sin obtener respuestas concretas. En un comunicado conjunto convocando al plenario, advirtieron sobre los riesgos operativos generados por la pérdida de profesionales, falta de inversión y la precarización del sector. Definieron la situación como “un proceso de entrega planificada” que pone en riesgo la seguridad operacional.

El Gobierno por su parte ha defendido que los ajustes buscan adaptar el sector a estándares internacionales y reducir costos operativos, y se ha comprometido a convocar a una audiencia en la Secretaría de Trabajo para buscar consenso.

Fuente: Infobae

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