Histórico: destituyeron a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso
El Jury de Enjuiciamiento resolvió apartar a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por “mal desempeño” y “negligencia grave” en una de las causas judiciales más impactantes y controvertidas de la historia reciente argentina. El caso expuso errores investigativos, sospechas sobre prejuicios de género y años de acusaciones fallidas contra la propia familia de la víctima.
El crimen de Nora Dalmasso volvió a sacudir a Córdoba y al país. Casi veinte años después del asesinato ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por considerar que actuaron con “mal desempeño” y “negligencia grave” durante la investigación del caso. Porque en Argentina no solo envejecen las causas judiciales: también envejecen los errores, las operaciones mediáticas y las hipótesis sostenidas durante años como si fueran certezas.
La resolución fue leída este miércoles en la Legislatura de Córdoba, tras semanas de audiencias y testimonios. El tribunal estuvo encabezado por Julieta Rinaldi e integrado, entre otros, por la vocal del TSJ cordobés, Aída Tarditti.
Nora Dalmasso, de 51 años, fue hallada asesinada en noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, hace exactamente 20 años. La autopsia determinó que había sido estrangulada con el cinturón de una bata. Desde el inicio, la causa quedó atravesada por un fuerte escándalo mediático y judicial, donde la vida privada de la víctima ocupó más espacio que la búsqueda del asesino. Circularon hipótesis sobre amantes, encuentros sexuales y conflictos familiares, mientras la intimidad de Dalmasso era expuesta públicamente.
Con el tiempo, la propia familia quedó bajo sospecha. Facundo Macarrón, hijo de la víctima, estuvo imputado durante cinco años. Luego fue juzgado el viudo, Marcelo Macarrón, acusado de haber ordenado el crimen, aunque terminó absuelto en 2022 por falta de pruebas.
Uno de los puntos centrales del jury fue el manejo de las pruebas genéticas. La fiscal General Adjunta de Córdoba, Betina Croppi, sostuvo que los investigadores ignoraron evidencia clave que apuntaba al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.
También afirmó que los fiscales “investigaron más a la víctima que al autor” y denunció que toda la pesquisa estuvo atravesada por prejuicios de género y la construcción de la figura de una “mala víctima”.
La acusación sostuvo que Di Santo impulsó hipótesis centradas en la familia y en la orientación sexual de Facundo Macarrón; que Miralles mantuvo el foco sobre el entorno íntimo pese a la falta de pruebas; y que Pizarro llevó a juicio una teoría de homicidio por encargo que no pudo sostenerse. Además, Croppi apuntó a la ausencia total de perspectiva de género y calificó la investigación como “un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género”.
La resolución no determina quién mató a Nora Dalmasso. La causa principal está prescripta, por lo que ya no puede haber condena penal. Sin embargo, el fallo deja una fuerte marca institucional: la destitución de tres fiscales por su actuación en un caso emblemático constituye un hecho inédito y uno de los golpes más severos al sistema judicial cordobés en democracia.