Impulsan ley para acabar con la “ficción” del trabajo de las apps de reparto

Gremios impulsan una ley nacional para reconocer la relación laboral en plataformas digitales. En Salta, el debate lleva años y vuelve a escena con datos alarmantes de precarización.

La expansión del trabajo a través de aplicaciones dejó de ser una novedad para convertirse en uno de los núcleos más conflictivos del mercado laboral argentino. En ese escenario, el Sindicato de Mensajeros y Motociclistas (ASIMM), junto a las 62 Organizaciones Peronistas, llevó al Congreso un proyecto de ley que apunta a una redefinición de fondo: reconocer que detrás de cada plataforma existe una relación laboral. La presentación resulta todo un desafío frente a una recientemente sancionada Reforma Laboral, que excluyó de plano el tratamiento en profundidad sobre la situación de los trabajadores deliverys.

La iniciativa, presentada ante las comisiones de Trabajo y de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, propone actualizar la Ley de Contrato de Trabajo frente a un fenómeno que creció al ritmo de la crisis económica y la digitalización. El planteo no es menor: regular el vínculo entre empresas como Rappi o PedidosYa y los miles de trabajadores que operan bajo su órbita.

“El eje central de la propuesta es claro: detrás de cada aplicación hay una relación laboral que debe ser reconocida”, sostuvo Marcelo Pariente, titular de ASIMM, al defender el proyecto. La frase, que parece obvia, en realidad choca contra el corazón del modelo de negocios de estas empresas, basado en la figura del trabajador “independiente”.

Pero el proyecto va más allá de esa definición. Introduce un concepto que hasta hace poco era marginal en el derecho laboral: la gestión algorítmica. Es decir, el control del trabajo a través de sistemas automatizados que asignan pedidos, determinan ingresos y aplican sanciones sin intervención humana directa.

Desde el sindicalismo lo explican sin rodeos: “Hoy los trabajadores son dirigidos por aplicaciones, evaluados por algoritmos y muchas veces privados de derechos básicos”. La iniciativa plantea que ese control debe ser reconocido como una forma moderna de dirección empresarial, obligando a las compañías a transparentar sus sistemas y a dar explicaciones sobre decisiones automatizadas.

En términos concretos, el proyecto propone auditorías sobre los algoritmos, protección de datos personales y límites a los sistemas de reputación que, en la práctica, pueden definir quién trabaja y quién queda afuera.

Precarización estructural: la vida medida en pedidos

El trasfondo de esta discusión no es teórico. Es profundamente material. Un informe del BID, WorkerTech y Civc House reveló que el 90% de quienes trabajan en apps lo hace de manera parcial, como complemento de otros ingresos. El fenómeno del pluriempleo dejó de ser excepción para convertirse en regla.

Los números son elocuentes: para sostener un hogar tipo, un repartidor puede necesitar más de 450 pedidos mensuales. Incluso cubrir gastos básicos como alimentación, alquiler o combustible implica una lógica de productividad extrema, donde cada ingreso depende de la cantidad de entregas realizadas. La ecuación es brutal: más pedidos, más horas, más desgaste. Menos estabilidad, menos derechos.

A eso se suma un esquema de informalidad persistente. Mientras algunas plataformas exigen inscripción como monotributistas, otras ni siquiera controlan la facturación. El resultado es un universo laboral fragmentado, sin garantías y con una cobertura social prácticamente inexistente.

Los datos oficiales refuerzan el cuadro: la informalidad laboral alcanzó el 43,2%, con más de 5,5 millones de trabajadores fuera del sistema formal.

El antecedente judicial y el clima sindical

El impulso del proyecto se da en un contexto particular. La reciente suspensión judicial de 83 artículos de la reforma laboral del gobierno nacional fue leída por el sindicalismo como un respaldo indirecto.

“El fallo va en la misma dirección que nuestro proyecto: evitar que, bajo nuevas formas tecnológicas, se consolide la precarización laboral”, plantearon desde el espacio gremial.

La discusión, en el fondo, no es contra la tecnología. Es sobre sus límites. “No buscamos frenar la innovación, sino establecer que ninguna innovación puede estar por encima de la dignidad del trabajador”, sintetizaron.

Salta y un debate anticipado que vuelve al centro

Aunque el proyecto se discute a nivel nacional, en Salta el tema no es nuevo. Desde 2022, la provincia viene arrastrando intentos de regulación que nunca terminaron de consolidarse.

Ese año, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto para crear un registro de deliveries y cadetes, que quedó luego frenado en el Senado. La iniciativa proponía que las empresas se inscribieran formalmente, cumplieran obligaciones previsionales y exigieran a los trabajadores condiciones mínimas: capacitación en seguridad vial, libreta sanitaria y cursos de manipulación de alimentos. En paralelo, el propio sector viene empujando medidas de ordenamiento. Un convenio reciente impulsó la reactivación de un registro municipal para trabajadores de plataformas, mensajería y reparto, con exigencias de documentación, uso de casco, acreditación de viajes y capacitaciones periódicas.

El objetivo es claro: ponerle reglas a un sistema que, hasta ahora, funcionó con niveles altos de informalidad. “No hay ninguna normativa que nos ampare”, reconocen desde el sector, que viene reclamando regulación desde hace años.

Empresas globales, reglas locales

Uno de los puntos más sensibles del debate es el rol de las grandes plataformas internacionales. Según denuncian los gremios, muchas operan sin tributar localmente y sin asumir responsabilidades laborales. “Estas empresas usan la vía pública y el entramado urbano, pero no reconocen derechos a los trabajadores”, advirtió Carlos Cruz, referente de ASIMM en Salta. La eventual aprobación de la ley implicaría obligarlas a registrarse y formalizar la relación laboral.

En la capital salteña, se estima que hay al menos 4.000 trabajadores en el sector, aunque el número real sería mayor. Detrás de esa cifra hay historias concretas de precarización, como la de trabajadores accidentados sin cobertura o ingresos insuficientes para sostener condiciones básicas de vida.