Imputan por violencia de género al ex concejal de La Libertad Avanza, Pablo López
La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer, que fuera su pareja y con quien tenía una relación laboral, que expuso distintos hechos vigentes entre 2019 y 2025.
El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, imputó al hombre de 26 años por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos), privación ilegítima de la libertad agravada (dos hechos) y concusión, en concurso real.
El acusado asistió al acto de imputación acompañado de su abogado defensor, y se abstuvo de declarar y no prestó consentimiento para la realización del examen psicológico, en el ejercicio de los derechos que le asisten.
La investigación se inició a partir de la denuncia de su ex pareja, quien relató hechos de violencia física, psicológica, económica y sexual ocurridos entre 2019 y 2025, en el marco de una relación sentimental y laboral con el imputado.
Como se sabe sobre el tema se conocieron grabaciones en la que se lo escuchaba sostener un diálogo con la denunciante.
El fiscal Martearena sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para formular la imputación en esta etapa del proceso, tales como declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones.
En relación con los hechos de índole sexual denunciados, el Fiscal indicó que se continuará con la producción de pruebas, incluyendo pericias, testimonios y el análisis de dispositivos electrónicos, para determinar la calificación legal correspondiente y una eventual ampliación de la imputación.
Cronología e impacto
La situación judicial del exconcejal salteño se profundiza tras ser imputado en el marco de la denuncia presentada por su expareja. La causa también incluye denuncias por extorsión sexual y retención de haberes, lo que genera un fuerte impacto político e institucional.
Cronología del caso
17 de julio: Se difundieron audios en los que el dirigente exigía favores sexuales a cambio de devolver parte del salario retenido a su expareja. El escándalo desató repercusiones inmediatas.
18 de Julio: La Libertad Avanza resolvió desafiliarlo, marcando distancia del caso.
1 de agosto: El Concejo Deliberante de Salta rechazó su renuncia y lo expulsó, remarcando la gravedad institucional del hecho.
Septiembre: La Fiscalía amplió las imputaciones y la denunciante declaró ante la Justicia, aportando un testimonio que conmovió por la descripción de episodios de violencia física y psicológica.
El caso expuso una vez más la persistencia de la violencia de género en figuras públicas y abrió un debate sobre los mecanismos de control y sanción en los espacios de poder. La expulsión del Concejo fue interpretada como un intento de resguardar la institucionalidad, pero dejó en evidencia la falta de protocolos preventivos en la política local. El relato de la denunciante, sumado a la difusión de los audios, consolidó la percepción social de que se trató de una relación marcada por la manipulación, la violencia y el abuso de poder.