Imputan y dictan prisión para 11 personas por millonario contrabando en finca Karina
A instancia de actuaciones preliminares conjuntas impulsadas por la Sede Descentralizada de Orán y la Fiscalía de Distrito de Salta, el fiscal federal Marcos Romero formalizó una investigación penal contra 11 personas -una de ellas, policía provincial-, a quienes se dictó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando de importación, agravado por el número de intervinientes y por superar el valor en plaza de la mercadería, por maniobras que se perpetraban a través de un paso clandestino que funcionaba en una finca de la localidad fronteriza de Aguas Blancas.
La formalización del caso fue realizada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien intervino en carácter de interina del Juzgado Federal de Garantías de Orán.
Las personas imputadas son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. La imputación de esta última fue agravada por su calidad de funcionaria pública, pues se desempeña como policía provincial.
La jueza autorizó medidas probatorias, como los peritajes a teléfonos celulares secuestrados, dictó la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso la clausura -con consigna permanente por parte de la Gendarmería Nacional- de la finca de Aguas Blancas desde donde se concretaban las maniobras de contrabando.
Al presentar el caso, el fiscal sostuvo que las tareas investigativas se iniciaron el 26 de mayo pasado de oficio a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca “Karina”, ubicada a dos kilómetros del ejido urbano de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50.
El representante del MPF señaló que a la propiedad -compuesta de dos matrículas catastrales- se puede acceder desde la ruta y que, tras recorrer un camino rural de corta distancia, se llega hasta la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles.
Importantes ganancias
El fiscal marcó que este corredor clandestino dejaba importantes ganancias a los acusados, que habían instalado dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, por un valor de 2 mil pesos por cada vehículo que ingresaba, mientras que en la playa se debían pagar mil pesos por bulto de mercadería ingresada de contrabando. A esto se le sumaban las ganancias por los puestos de comida regenteados por los imputados. Para dar cuenta del movimiento, el fiscal indicó que por cada vehículo ingresaba un promedio de diez bultos de mercadería y que, por día, 300 rodados entran a la finca en busca de mercancía, a la vez que se acreditó que dentro del predio existían seis puestos de comida, cuyos dueños debían pagar 20 mil pesos por día para su explotación. En tal sentido, calculó que por día se recaudaba una suma de 3.720.000 pesos, con excepción del domingo, que estaba cerrado.
La propiedad estaba compuesta por 2 catastros
La importante actividad comercial de contrabando, tanto de importación como de exportación, fue determinada a partir de las pesquisas de la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, que fueron acumuladas al caso.
Romero explicó que, ante este panorama, la fiscalía inició tareas de campo con personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán, dependiente de la Gendarmería Nacional. Pudo establecer que la propiedad estaba compuesta por dos catastros, uno de los cuales se denomina “Karina”, con la imputada Gladis Salazar como adquirente desde febrero pasado.
Añadió que el segundo, ubicado hacia la playa del río, está a nombre de Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciada por José Cardozo, padre de los tres hermanos imputados.
Romero explicó que entre los principales responsables se identificó a Alfredo Salazar, hermano de Gladis, quien fue registrada como dueña del lugar tras comprársela a su hermano por la suma de 20 millones de pesos, sin que su perfil financiero y patrimonial justificara una operación de esa envergadura.
La detención de aquel, quien posee residencia en Bolivia y está imputado de operar con el envío de mercadería ilegal, no se pudo concretar. También están pendientes las detenciones de otras personas imputadas.
Romero expuso que la administración de esta actividad ilegal desde Argentina estaba en manos de Suárez, quien junto a la familia Cardozo y Rivero principalmente supervisaban el ingreso de los vehículos que llegaban desde la ruta hasta la playa del río para cruzar hacia Bolivia, comprar mercadería y regresar.