Informe de Nuevo Diario revela que la provincia superó las denuncias por abuso policial de 2021
A través de una investigación que realizó Nuevo Diario, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta reveló que en lo que va de este año se presentaron 1388 denuncias en la provincia, cifra superior a las registradas durante el año pasado.
Del total, la mayoría corresponde al Distrito Centro, seguidas por Tartagal y Orán, y menos de la mitad de éstas fueron remitidas a Derechos Humanos para su tratamiento.
Las cifras continúan preocupando en un contexto en donde existen inclusive, graves denuncias por parte de organismos, como el Comité de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, que recientemente inició una investigación sobre la muerte de tres internos de servicios penitenciarios por causas no naturales. A esto se le suma otro de los datos más reveladores, consiste en que, de la totalidad de las denuncias, solamente hubo 116 imputados, 16 condenados, de los cuales sólo 6 cumplen prisión efectiva.
Los números
Los siguientes números corresponden al presente año, desde enero a la fecha 2/11/22. El total de ingresos corresponde a 1388 denuncias en la provincia. De las cuales: 1110 corresponden al Distrito Judicial Centro, 154 corresponden a Sede Tartagal, 101 a Sede Orán 23 abarcan a Sede Metán.
El total de averiguaciones preliminares (AP) fueron 198. Hubo 388 comunicaciones con el Juzgado de Garantías y otras situaciones; mientras que actuaciones provenientes de otras fiscalías y remitidos a Derechos Humanos fueron 476 ingresos. Los legajos en trámite suman 23 solamente, entre personal policial y penitenciario. El total de imputados fueron 116, los que alcanzaron sentencias 16 condenados, 6 de los cuales son de cumplimiento de prisión efectiva y 6 absoluciones.
La violencia institucional es un fenómeno complejo que abarca desde la detención por averiguación de antecedentes, hasta las formas más extremas de violencia, como la tortura física y psicológica o el asesinato.
Se trata de prácticas estructurales de violación de Derechos Humanos que van desde la vulneración del debido proceso, la discriminación o el sometimiento a un proceso penal en el marco de una "causa armada", las detenciones arbitrarias, la extorsión policial , los daños físicos, las ejecuciones y la tortura llevadas adelante por funcionarios o funcionarias pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.